El acuerdo por US$1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) evidenciaría una limitada capacidad de negociación del Gobierno boliviano, que habría optado por un programa de menor alcance para evitar condiciones económicas y reformas más profundas, según el análisis del economista Oswaldo Irusta Díaz.
En su artículo publicado ayer en sus redes sociales, Irusta sostiene que el monto final no fue producto de una reducción improvisada de las cifras inicialmente proyectadas, sino de la situación económica con la que Bolivia llegó a las conversaciones, de las condiciones que estaba dispuesta a aceptar y de las obligaciones establecidas en el Convenio Constitutivo del organismo.
“La cifra final de US$ 1.900 millones no es casualidad ni un simple ‘regateo fallido’, es el resultado de cómo llegó Bolivia a la mesa de negociación con el FMI, que pidió, que estaba dispuesta a aceptar y que estaba obligada a conceder según el Artículo V del Convenio Constitutivo del FMI”, afirmó.
Durante las semanas anteriores se mencionó un paquete global de US$ 5.000 millones, con participación de otros organismos multilaterales, y un programa directo del FMI cercano a US$ 2.800 millones. Irusta considera que ambas cifras eran posibles, pero dependían de que Bolivia asumiera compromisos fiscales y estructurales de mayor alcance.
“Ninguna de esas proyecciones era fantasía. El FMI efectivamente podía estructurar un programa más grande y los otros organismos multilaterales estaban dispuestos a complementar ese esfuerzo, pero para que eso ocurriera, Bolivia debía comprometerse con un ajuste más profundo, creíble y verificable. No lo hizo”, señaló.
Según el analista, la cuota boliviana ante el FMI se encuentra entre US$ 330 millones y US$ 340 millones, mientras que el programa de US$ 1.900 millones equivale aproximadamente al 570% de esa participación. En su criterio, el monto fue fijado por debajo del límite ordinario del 600% para evitar que el país ingresara al régimen de acceso excepcional.
Irusta explicó que una solicitud superior habría exigido mayores pruebas sobre la sostenibilidad de la deuda, reformas estructurales más profundas y una aprobación especial del Directorio Ejecutivo del FMI.
“El Gobierno no estaba dispuesto a asumir ese costo político”, afirmó el analista al referirse a las condiciones adicionales que habría implicado un financiamiento mayor.
Irusta señaló que Bolivia acudió a la negociación con reservas internacionales netas reducidas, un déficit fiscal reformulado equivalente al 9% del producto interno bruto, subvenciones crecientes, distorsiones en el mercado cambiario y un uso recurrente del financiamiento del Banco Central de Bolivia (BCB) para cubrir el déficit gubernamental.
A su juicio, ese escenario debilitó la posición del país para obtener un programa de mayor magnitud. Al mismo tiempo, las autoridades habrían buscado un acuerdo que permitiera estabilizar la economía sin aceptar condiciones consideradas políticamente difíciles.
“Con ese cuadro, el país no tenía fuerza para exigir un programa grande. Y al mismo tiempo, el Gobierno buscó un acuerdo ‘light’, uno que permitiera estabilizar sin aceptar condicionalidades fuertes”, manifestó.
El analista afirmó que un programa cercano a US$ 2.800 millones y un paquete multilateral de US$ 5.000 millones habrían requerido un plan fiscal creíble, la reducción del déficit hasta niveles próximos al 3% o 4% del PIB, la normalización del mercado cambiario y la eliminación del financiamiento monetario del déficit.
También habría sido necesario hacer transparentes las cuentas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Según Irusta, ninguna de esas condiciones fue aceptada por el Gobierno.
“El resultado fue un programa más pequeño, diseñado para estabilizar sin transformar”, puntualizó.
Irusta advirtió que un financiamiento externo menor obligará a que una parte más importante del esfuerzo de estabilización recaiga sobre la economía nacional, mediante una mayor racionalización del gasto, la movilización de ingresos y una reducción del margen para enfrentar errores durante la ejecución del programa.
“Un programa pequeño obliga a que el grueso del esfuerzo recaiga internamente con más recortes, más racionalización del gasto, más presión para movilizar ingresos y menos margen para errores. En resumidas cuentas, es un ajuste más costoso en el largo plazo”, sostuvo.
El analista descartó que el monto deba interpretarse exclusivamente como un castigo del FMI o como una victoria política del Ejecutivo. En su evaluación, el resultado responde a la manera en que Bolivia encaró las conversaciones y a las restricciones que las propias autoridades establecieron durante la negociación.
“No es un castigo del FMI ni un triunfo del Gobierno. Es simplemente la consecuencia natural de cómo Bolivia negoció y de las restricciones que impuso sobre sí misma”, concluyó Irusta.
Para el analista, los US$ 1.900 millones no solo muestran el alcance del financiamiento negociado, sino también la posición que tuvo Bolivia frente al organismo internacional. “Y en este caso, esa capacidad fue menor de lo que se esperaba”, afirmó.
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