La reciente cumbre minera ha vuelto a poner en evidencia una preocupante realidad: se pretende definir el futuro de uno de los sectores estratégicos del país sin la participación de los verdaderos propietarios de los recursos naturales. Una vez más, se convocó principalmente a quienes explotan la riqueza minera, mientras se dejó al margen al que, por mandato constitucional, es el legítimo dueño: el pueblo boliviano.
La Constitución Política del Estado es categórica al respecto. El artículo 348 establece que son recursos naturales los minerales, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo, el subsuelo, los bosques, la biodiversidad y otros elementos susceptibles de aprovechamiento económico. Asimismo, dispone que estos recursos tienen carácter estratégico y son de interés público para el desarrollo del país.
Más contundente aún es el artículo 349, que señala que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, correspondiendo al Estado únicamente su administración en función del interés colectivo. En consecuencia, los minerales, el oro, el petróleo y el gas no pertenecen al gobierno de turno ni a determinados sectores económicos, sino a todos los bolivianos. El Estado es simplemente el administrador de un patrimonio colectivo.
Por su parte, el artículo 351 dispone que el Estado debe asumir el control y la dirección de toda la cadena productiva de los recursos naturales estratégicos, desde la exploración hasta la comercialización, garantizando que la riqueza generada contribuya al desarrollo nacional mediante el pago de impuestos, regalías y otros beneficios para el conjunto de la sociedad.
Sin embargo, la reciente cumbre minera pareció ignorar estos principios constitucionales. En un verdadero diálogo nacional sobre minería, los primeros convocados debieron ser precisamente los representantes del pueblo boliviano. Debieron participar las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la contaminación, las universidades, los colegios profesionales, los expertos en minería, los ambientalistas, las organizaciones de la sociedad civil y otros sectores que representan el interés general. Recién después correspondía escuchar a los actores económicos que se benefician directamente de la explotación minera.
La exclusión de estos sectores demuestra que la discusión estuvo orientada principalmente a preservar intereses particulares, antes que a construir una política minera de Estado que responda al interés nacional.
Durante los últimos años, la minería aurífera ha experimentado un crecimiento extraordinario, especialmente bajo el régimen cooperativo. Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido en mayores beneficios para el conjunto del país. Persisten serios cuestionamientos respecto a la limitada contribución tributaria de parte del sector aurífero, la salida ilegal de minerales, la insuficiente fiscalización estatal y la creciente degradación ambiental que afecta principalmente a comunidades indígenas y poblaciones ribereñas.
Especial preocupación merece el uso intensivo de mercurio en la explotación aurífera. Diversos estudios científicos nacionales e internacionales han advertido sobre los graves riesgos que este metal representa para la salud humana y para los ecosistemas acuáticos, especialmente en la Amazonía boliviana. La contaminación por mercurio amenaza la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la salud de miles de familias que dependen de los ríos para su subsistencia.
Tampoco se puede ignorar que la remoción indiscriminada de tierras modifica el curso natural de los ríos, incrementa los procesos de erosión, favorece inundaciones y deja enormes pasivos ambientales cuya restauración termina siendo asumida por el Estado o, peor aún, queda sin atender.
Resulta igualmente preocupante que, según diversas denuncias públicas, algunas grandes empresas operen bajo la figura de cooperativas para acceder a beneficios tributarios y regulatorios que originalmente fueron concebidos para organizaciones solidarias de pequeños productores. Si estas prácticas se confirman, estaríamos frente a una evidente distorsión del verdadero espíritu cooperativo.
Una auténtica cooperativa supone igualdad entre sus asociados, participación democrática y ausencia de relaciones de subordinación laboral propias de una empresa privada. Allí donde existen propietarios, inversionistas y trabajadores dependientes, corresponde analizar si realmente se mantiene la naturaleza jurídica de una cooperativa o si se está utilizando esta figura para eludir obligaciones tributarias y laborales.
La institucionalidad estatal tampoco ha estado a la altura del desafío. Las entidades responsables de regular y fiscalizar la actividad minera enfrentan serias limitaciones para ejercer un control efectivo sobre las operaciones, la producción, la comercialización y el cumplimiento de la normativa ambiental. Esta debilidad institucional favorece la expansión de actividades informales e ilegales que terminan perjudicando al Estado y a la sociedad.
Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan soportando los costos sociales y ambientales de la actividad minera sin recibir beneficios proporcionales y, peor aún, cuando sufren invasiones, agresiones y todo tipo de atropellos por estos denominados cooperativistas. En muchos casos, las regalías resultan insuficientes para compensar la pérdida de fuentes de agua, la contaminación de los ríos, la degradación de los suelos y la afectación de sus actividades productivas tradicionales.
Bolivia necesita una profunda reforma de su política minera. Es imprescindible revisar el régimen tributario y regalitario, fortalecer los mecanismos de control, transparentar la comercialización del oro, combatir el contrabando, proteger los ecosistemas estratégicos y garantizar que la explotación de los recursos naturales genere beneficios reales para toda la población.
Asimismo, resulta urgente delimitar con criterios técnicos y científicos las zonas donde la actividad minera puede desarrollarse y aquellas que, por su importancia ambiental o cultural, deben quedar protegidas. Paralelamente, se debe incorporar el principio de restauración ambiental obligatoria, de modo que quienes ocasionen daños a los ecosistemas asuman plenamente los costos de su recuperación.
Después de casi dos décadas de elevados ingresos provenientes del auge de las materias primas, Bolivia enfrenta una compleja situación económica, caracterizada por una significativa reducción de las reservas internacionales y un creciente endeudamiento público. Este escenario obliga a reflexionar sobre la calidad de las políticas implementadas durante ese período y sobre la necesidad de administrar de manera más eficiente la riqueza generada por los recursos naturales.
Los recursos minerales pertenecen al pueblo boliviano, no a gobiernos de turno, grupos de poder ni sectores privilegiados. Por ello, cualquier decisión estratégica sobre su explotación debe construirse con la participación de toda la sociedad y orientarse al bienestar colectivo.
Una cumbre minera que excluye a los verdaderos dueños de los recursos naturales difícilmente puede representar el interés nacional. Mientras no se coloque al pueblo boliviano en el centro del debate, seguiremos discutiendo sobre cómo repartir una riqueza que pertenece a todos, pero cuyos beneficios continúan concentrándose en muy pocos.
El autor es comunicador social.