Los recientes bloqueos en Bolivia han vuelto a demostrar que cuando las carreteras se cierran, no solo se interrumpe el tránsito de personas y mercancías, sino también el desarrollo económico, la inversión y las oportunidades de miles de familias. Cada jornada de paralización deja pérdidas para productores, transportistas, comerciantes y emprendedores, mientras la incertidumbre desalienta nuevos proyectos y debilita la confianza en el país. Porque un país que permanece bloqueado durante largos periodos termina hipotecando su competitividad, su bienestar y las posibilidades de progreso de las próximas generaciones.
Cada día de bloqueo en Bolivia tiene un costo que va mucho más allá de las cifras económicas. Detrás de cada carretera cerrada existen miles de familias que dejan de vender, empresas que incumplen contratos, agricultores que ven perder sus cosechas, transportistas que permanecen inmovilizados durante días y trabajadores independientes que simplemente dejan de generar el ingreso con el que alimentan a sus hogares.
Los cercos indígenas a La Paz durante la época colonial fueron levantamientos de gran magnitud que buscaron aislar la ciudad, cortar el abastecimiento y expulsar a las autoridades españolas. El más importante fue el liderado por Túpac Katari, con el apoyo de Bartolina Sisa. El Gran Cerco a La Paz en 1781 duró aproximadamente 109 días en su primera fase, seguido por un segundo sitio en ese mismo año.
Casi dos siglos y medio después, los cercos no cambiaron en su hermenéutica y logística andina. Los bloqueos han sido utilizados como un mecanismo de presión política y social, con énfasis en los últimos años de movimientos sociales y sindicales que son subvencionados con fondos de cuotas ocultas o del narcotráfico. Sin embargo, cuando esta práctica se convierte en una herramienta recurrente que paraliza al país entero, deja de ser una forma legítima de protesta, para transformarse en una grave vulneración a los derechos de millones de bolivianos que nada tienen que ver con el conflicto.
Por ello, el país necesita debatir inmediatamente con responsabilidad la aprobación de una Ley Antibloqueos que garantice la libre transitabilidad en las carreteras nacionales, proteja la producción, asegure el abastecimiento de medicamentos y alimentos, y establezca mecanismos eficaces de diálogo, antes de que los conflictos escalen otra vez hacia la paralización del territorio.
Esta Ley Antibloqueos ya debería ser analizada, consensuada y aprobada en las comisiones respectivas de senadores y diputados, que para eso fueron elegidos: para representar los intereses de la población; que se apuren, pues millones están contando los minutos para esa urgente ley. ¿O están esperando que concluya el período de excepción de 3 meses y les dé su arrebato a los bloqueadores y vuelvan a bloquear?
No se trata de criminalizar la protesta. Se trata de impedir que una medida de presión afecte a millones de ciudadanos que no participan del conflicto. En la mayoría de las democracias modernas existen normas que protegen la infraestructura crítica, los corredores logísticos y los servicios esenciales, precisamente porque el interés colectivo debe prevalecer cuando están en riesgo la economía y la seguridad de la población.
Los bloqueos prolongados deterioran la imagen internacional del país como destino confiable para hacer negocios. Ninguna economía puede crecer con carreteras convertidas permanentemente en escenarios de confrontación, porque la gente tiene derecho a la libre circulación instituida en la Constitución Política del Estado.
Las consecuencias sociales también son profundas. Pacientes que no llegan a hospitales, estudiantes que suspenden clases, exportaciones incumplidas, pequeñas empresas que quiebran y emprendedores que ven desaparecer en pocos días el esfuerzo de años de trabajo. Los más triste es que situaciones como esta que vive Bolivia están provocando varios fenómenos: el bloqueo de sueños de jóvenes que quieren salir adelante, profesionales que no encuentran trabajo porque las empresas quebraron u hombres humildes que se van como carne de cañón a Rusia a pelear en las trincheras contra Ucrania (víctimas de la trata y tráfico de personas), porque perdieron el optimismo en el país.
Bolivia necesita construir una nueva cultura de resolución de conflictos basada en el diálogo oportuno, la mediación institucional y el respeto recíproco entre derechos fundamentales, pero, sobre todo, endurecer las leyes para poner en el paredón de la justicia a los culpables de este holocausto boliviano.
El verdadero desarrollo no solo depende de los recursos naturales o de las políticas económicas. También exige seguridad jurídica, estabilidad institucional y la certeza de que las carreteras permanecerán abiertas para que circulen la producción, el comercio y la esperanza.
Bolivia merece avanzar sin obstáculos, porque cuando un país queda bloqueado, no solo se detiene el transporte con choferes que sufrieron acorralados y rehenes de la rebeldía de masas; también se paralizan los sueños, las oportunidades y el futuro de toda una nación.
La autora es comunicadora social, escritora e investigadora de archivos históricos.