Ante el anuncio de autoridades de Gobierno respecto a la eventual implementación de un diferimiento en el pago de servicios básicos, y considerando que una parte importante de estos servicios son administradas y/o provistas por empresas privadas o cooperativas locales, la Confederación de Empresarios Privados señala que este tipo de medidas deben diseñarse bajo criterios de equilibrio, responsabilidad y sostenibilidad.
La semana pasada, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó que el Gobierno sopesa la posibilidad de diferir el pago de servicios básicos, como la electricidad y el agua, como parte de las medidas para aliviar el impacto de los más de 50 días de bloqueo.
“Coincidimos en que el daño que se ha producido a la economía boliviana en el último conflicto político hace necesaria la adopción de medidas extraordinarias para aliviar la situación de las familias más afectadas. Sin embargo, consideramos que estas medidas para evitar que su implementación precarice aún más la situación de las empresas”, debe ser equilibrada, señala el comunicado.
Aseguran que el sector privado tiene la enorme responsabilidad de mantener las fuentes de trabajo, aportar con recursos al Estado y garantizar la provisión constante de bienes y servicios.
En ese marco, sostienen que cualquier decisión política que limite el flujo financiero de las empresas y disminuya su capacidad operativa va a poner en riesgo la calidad y continuidad de los servicios que recibe la población, afectando a las regiones y a la economía, y generando más problemas de los que pretenda resolver.
“Respetamos la prerrogativa del gobierno nacional de decidir la política económica y las acciones para enfrentar la crisis, sin embargo, la grave situación que atravesamos todos los bolivianos y la delicada estabilidad que se ha logrado, demanda decisiones coordinadas, técnicamente sustentadas y consensuadas, que tomen en cuenta a todos los sectores y regiones, sin exclusiones ni privilegios, evitando medidas dispersas que alivien a unos en detrimento de otros”, sostienen.
Finalmente, el comunicado de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia reitera su compromiso para recuperar la economía junto al Gobierno y la sociedad, y preservar el empleo y restablecer el crecimiento.
Entre tanto, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresa su firme rechazo a cualquier medida que traslade al sector privado el costo de una crisis que no provocó.
“Las empresas ya asumieron pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares durante los 53 días de bloqueos. Hoy continúan haciendo frente al pago de salarios, impuestos, créditos y proveedores. Obligarlas además a financiar el diferimiento de pagos, pone en riesgo su liquidez, la continuidad de los servicios y miles de fuentes de empleo”, señala la CNC, en un comunicado, en donde expresa su posición institucional frente al anuncio del gobierno.
Expresaron que las políticas de protección social son responsabilidad del Estado y no pueden ser financiadas a costa de quienes generan empleo, inversión y crecimiento. “La recuperación económica no se construye debilitando al sector privado, sino fortaleciéndolo”, resaltan.
Recordemos que en la pandemia la administración de Jeanine Añez, el Gobierno cubrió el 50% de las facturas de consumo de agua domiciliaria y pagó el 100% de las facturas de luz domiciliaria de aquellas familias con menor consumo, durante los meses de abril, mayo y junio de 2020. Además, se instruyó el no corte de los servicios por falta de pago.