El periodista, Juan Carlos Arana, cuestionó la legalidad del trámite de renta por invalidez del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, al afirmar que el dirigente se benefició de un mecanismo que permitía cobrar pagos retroactivos tras años de espera. En su programa Posdata 32, sostuvo que el caso evidencia presuntas falencias del antiguo sistema administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones AFP.
Arana centró sus observaciones en el funcionamiento del antiguo sistema previsional y no en la Gestora Pública.
Durante su programa, Arana explicó que revisó documentación relacionada con el trámite de Argollo y aseguró que el dirigente inició su solicitud de pensión por invalidez cuando la administración aún correspondía a la AFP Futuro. Según indicó, el procedimiento habría permitido que, una vez aprobada la prestación, el beneficiario reciba un pago retroactivo correspondiente al tiempo que demoró la calificación.
El comunicador sostuvo que, en ese entonces, existía un vacío normativo que permitía iniciar el trámite sin una certificación médica definitiva emitida por una entidad especializada, lo que —a su criterio— facilitó que numerosas personas accedieran posteriormente a importantes pagos retroactivos.
Arana afirmó que en la documentación revisada figura que Mario Argollo inició el trámite el 21 de septiembre de 2021 y que la resolución fue emitida el 23 de mayo de 2022, estableciendo además una fecha de invalidez anterior, aspecto que, según dijo, derivó en un pago retroactivo.
No obstante, el periodista también rectificó parte de sus afirmaciones difundidas anteriormente. Aclaró que la renta por invalidez no constituye un segundo sueldo estatal, sino un beneficio vinculado a la cuenta individual del asegurado. Asimismo, precisó que el trámite fue realizado en la AFP Futuro y no en la Gestora Pública, además de ofrecer disculpas al gerente de Prestaciones de esa entidad, Javier Molina, a quien inicialmente había vinculado con la autorización de esos procesos.
El caso de Argollo ya es objeto de una investigación del Ministerio Público. En mayo, la Fiscalía admitió una denuncia presentada por el diputado Manolo Rojas por presuntas irregularidades en el cobro de una pensión de invalidez. El legislador sostiene que el dirigente obtuvo el beneficio mediante un trámite que, según su versión, concluyó en un tiempo inusualmente breve y permitió el cobro de más de Bs 141.000. Argollo rechazó esas acusaciones, negó haber recibido una renta irregular y calificó la denuncia como parte de una campaña de desprestigio.
Como antecedente, Arana recordó el caso del exejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, quien también fue cuestionado por haber accedido a una pensión de invalidez vinculada a su actividad minera. La documentación conocida durante las investigaciones en su contra reveló que tramitó ese beneficio por enfermedades ocupacionales, situación que dio lugar a nuevas denuncias y pedidos de investigación sobre la legalidad del procedimiento utilizado para obtener la prestación.