Varias entidades cuestionaron una decisión de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dentro de un proceso relacionado con la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), al considerar que la resolución vulneraría el debido proceso e incumpliría mandatos constitucionales.
El pasado fin de semana, Sebastián Delgado, de la Cooperativa Minera Indígena Centro Kallani R.L., presentó un pronunciamiento oficial por su organización, mediante el cual la Cooperativa se declara en estado de emergencia y expresa su rechazo al Auto Supremo N.° 1190/2026.
También la Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su preocupación por las implicaciones que ese tipo de situaciones puede generar sobre la seguridad jurídica, la confianza y el clima de inversión en el país.
La CNI considera que toda controversia debe ser resuelta en estricto apego a la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes vigentes, el debido proceso y el respeto irrestricto al Estado de Derecho, garantizando la actuación objetiva, transparente e imparcial de las autoridades e instancias competentes.
La seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada y el fortalecimiento de la institucionalidad constituyen pilares esenciales para preservar la confianza de los inversionistas, proteger la actividad productiva, promover la generación de empleo y contribuir al desarrollo económico sostenible de Bolivia.
En ese contexto, la Cámara Nacional de Industrias reafirma la importancia de que las decisiones que correspondan sean adoptadas con apego a derecho, resguardando las garantías procesales, la independencia de las instituciones y el pleno respeto a los principios que sustentan el Estado de Derecho.