¿Sindicatos de toga?

La administración de justicia en Bolivia ha tocado un nuevo fondo, no por sus habituales vicios de lentitud o parcialidad, sino por la mutación de sus máximas autoridades en una especie de dirigentes sindicales. La reciente amenaza del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, de activar un paro nacional escalonado en demanda de mayor presupuesto, configura un preocupante sinsentido institucional. Que un órgano del Estado decida sabotearse a sí mismo y paralizar un servicio público esencial es una flagrante distorsión del Estado de derecho que los ciudadanos no pueden tolerar.
Resulta inaudito que quienes tienen la misión de interpretar y velar por el cumplimiento de la ley adopten los métodos de presión más disruptivos del corporativismo civil. La justicia no es una fábrica que pueda declararse en huelga, ni un sector comercial regulado por lógicas de oferta y demanda. Cuando un juez cuelga la toga para sumarse al «hábito del paro», abdica de su rol de garante institucional y arrastra la majestad de la ley al barro de la disputa callejera. Con esta postura, el Órgano Judicial asume una peligrosa apología de la ilegalidad desde la cúspide del propio sistema legal.
Las consecuencias de una huelga judicial recaen directamente sobre los eslabones más vulnerables: las decenas de miles de litigantes atrapados en el laberinto judicial boliviano. Un solo día de juzgados cerrados sepulta las esperanzas de detenidos preventivos que aguardan audiencias de libertad, posterga juicios de asistencia familiar y paraliza trámites civiles esenciales. Castigar a la ciudadanía suspendiendo el acceso a la justicia —derecho humano fundamental— para exigir prebendas financieras del Ejecutivo es una muestra de insensibilidad moral y un chantaje inaceptable.
Por si fuera poco, el trasfondo del reclamo de Saucedo encierra una falacia indignante: insinuar que la galopante corrupción de jueces y fiscales cesará mágicamente mediante una inyección presupuestaria. Vincular la probidad moral y la ética profesional al tamaño de una partida presupuestaria es un insulto a la inteligencia del país. La venalidad de los administradores de justicia no responde a la escasez de papel digital o de infraestructura moderna, sino a la falta de idoneidad, a la sumisión política y a la ausencia de un régimen disciplinario implacable.
Los recursos públicos deben ser optimizados, pero la confianza ciudadana no se compra incrementando techos fiscales. El Órgano Judicial boliviano necesita una profunda reforma estructural y moral, no un liderazgo que amenace con apagar las luces de los tribunales. Es hora de que el magistrado Romer Saucedo recuerde que preside un poder del Estado y no un sindicato de transportistas. Su deber es garantizar que los bolivianos encuentren justicia, no dejar al país en la más absoluta indefensión jurídica.