La escasez de diésel vuelve a golpear al transporte en las principales ciudades del eje central del país. Choferes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz reportan largas filas en surtidores y esperas que, en algunos casos, llegan hasta cuatro días, mientras en el mercado ilegal el litro del carburante se estaría comercializando hasta en Bs 18.
La situación genera malestar entre transportistas, que cuestionan cómo es posible que no haya abastecimiento regular en las estaciones de servicio, pero sí aparezca combustible disponible fuera de los canales autorizados y a precios varias veces superiores al costo oficial.
En La Paz, conductores señalaron que llevan al menos dos días esperando la llegada de cisternas con diésel y gasolina. En la ciudad de El Alto, particularmente en la zona de Ciudad Satélite, los vehículos a gas circulan sin mayores dificultades, pero quienes dependen de diésel o gasolina permanecen varados en filas a la espera de cargar combustible.
Una situación similar se observa en surtidores de la avenida Montes, donde choferes indicaron que aguardan desde el viernes la llegada del carburante. Algunos pasaron el fin de semana dentro de sus vehículos, sin certeza sobre el momento en que podrán abastecerse y retomar sus recorridos.
El panorama más crítico se reporta en Cochabamba. En un surtidor de la avenida Juan de la Rosa, en la zona Norte, transportistas afirmaron que llevan cuatro días en fila esperando diésel. Respecto a la gasolina, señalaron que llega de forma intermitente, pero no alcanza para cubrir la demanda del sector.
En Santa Cruz, las filas se concentran principalmente en el abastecimiento de diésel. En la zona sur, a la altura del quinto anillo y la doble vía a La Guardia, se observaron largas columnas de camiones, flotas y vehículos pesados que buscan cargar carburante. En contraste, la venta de gasolina se mantiene con relativa normalidad en la capital cruceña.
El problema no solo afecta al transporte pesado e interdepartamental, sino también a la distribución de productos, el traslado de pasajeros y la actividad económica cotidiana. La paralización de unidades por falta de diésel encarece operaciones, reduce frecuencias y genera incertidumbre entre usuarios y choferes.
Sin embargo, la mayor crítica apunta al desvío del combustible. Para los transportistas, resulta contradictorio que los surtidores no cuenten con diésel suficiente, pero el carburante aparezca en la venta informal a precios elevados. Esa situación abre dudas sobre los controles en la cadena de distribución, desde el despacho hasta la comercialización final.
La oferta ilegal del litro de diésel a Bs 18 evidencia una distorsión grave: mientras el ciudadano común hace fila durante días, otros acceden al carburante por vías irregulares. Esta práctica no solo golpea el bolsillo de los transportistas, sino que alimenta la especulación y debilita la confianza en el sistema de abastecimiento.
Los choferes exigen una solución inmediata y mayor control estatal para evitar que el combustible destinado al mercado interno termine en circuitos ilegales. Advierten que, si la distribución no se normaliza, el problema puede derivar en mayores costos de transporte, retrasos en el traslado de carga y nuevas presiones sobre los precios de productos básicos.
La crisis del diésel vuelve a mostrar una falla estructural: no basta con anunciar despachos o llegada de cisternas si el carburante no llega de forma efectiva y transparente a los surtidores.