La Asociación Justicia e Igualdad afirmó que el proyecto de ley para sancionar las denuncias falsas representa un avance, pero sostuvo que esa medida no resolverá los problemas que presenta la Ley 348. La presidenta de la organización, Marisol Aguirre, en entrevista exclusiva con EL DIARIO insistió en que la norma debe ser modificada para garantizar la igualdad ante la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Aguirre considera positiva la iniciativa del diputado de Alianza Unidad, Rodrigo Fuenzalida, que propone sancionar las denuncias falsas con hasta seis años de prisión en el marco de la Ley 348. Sin embargo, sostiene que la medida es insuficiente para resolver los problemas que persisten en la aplicación de la norma.
La representante de la asociación explicó que la propuesta legislativa para sancionar las denuncias falsas es distinta al planteamiento que su organización viene impulsando desde hace varios años, el cual apunta a una modificación de la Ley 348.
Indicó que la organización realizó un análisis y una revisión artículo por artículo de la norma, trabajo en el que, según afirmó, identificó vulneraciones a principios fundamentales.
Precisó que, entre las principales observaciones, se encuentran afectaciones al principio de igualdad ante la ley, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Asimismo, cuestionó que la norma identifique al varón como agresor en sus disposiciones, aspecto que, a su criterio, genera una desigualdad jurídica.
Aguirre sostuvo que la legislación debe ser revisada y modificada para corregir esos aspectos sin dejar de proteger a las mujeres que realmente sean víctimas de hechos de violencia.
Respecto al proyecto que busca sancionar las denuncias falsas, manifestó que podría contribuir a reducir ese tipo de casos, especialmente aquellos originados por motivos de venganza u otros intereses personales. Sin embargo, señaló que el efecto sería limitado y que no resolvería el problema de fondo.
Según explicó, aunque la propuesta podría generar temor en algunas personas antes de presentar una denuncia falsa, considera que existen abogados que conocen la aplicación de la norma y continúan impulsando procesos utilizando mecanismos que, según dijo, terminan perjudicando a personas inocentes.
Afirmó que, durante los años de vigencia de la Ley 348, la asociación conoció casos en los que, según su versión, se fabricaron pruebas dentro de procesos judiciales.
También señaló que, debido a la forma en que actualmente se aplica la norma, existen elementos probatorios que, a su criterio, carecen de la formalidad suficiente, situación que termina afectando a los denunciados.
En ese contexto, reiteró que la solución pasa por modificar la Ley 348 y no únicamente incorporar sanciones para quienes presenten denuncias falsas. «La mejor forma de frenar esto es una modificación a la ley», aseguró.
Aguirre también se refirió a la propuesta de establecer penas de hasta seis años para quienes formulen denuncias falsas. En ese punto, manifestó que la sanción debería guardar relación con el daño ocasionado a la persona denunciada.
Como ejemplo, mencionó el caso de Richard Mamani, quien, según indicó, perdió cerca de nueve años de su vida privado de libertad, por lo que consideró que la persona que promovió esa denuncia también debería afrontar una pena equivalente.
La entrevistada señaló que la organización no busca eliminar la protección que brinda la Ley 348 a las mujeres víctimas de violencia. Indicó que el objetivo es modificar aquellos artículos que, según su criterio, vulneran derechos fundamentales y generan afectaciones no solo para los hombres, sino también para sus familias.
Explicó que, cuando una persona es enviada a prisión, las consecuencias también alcanzan a los hijos y otros integrantes del entorno familiar, quienes terminan separados y afectados por los procesos judiciales. Asimismo, sostuvo que la protección del Estado debe mantenerse para las mujeres que realmente sean víctimas de violencia.
DEMOSTRAR INOCENCIA
Durante la entrevista, Aguirre también cuestionó la forma en que se desarrollan algunos procesos judiciales iniciados al amparo de la Ley 348.
Afirmó que, en la práctica, los hombres terminan asumiendo la carga de demostrar su inocencia, pese a que, jurídicamente, quien presenta una denuncia debería acreditar los hechos que denuncia.
Explicó que los denunciados suelen solicitar diferentes actuaciones investigativas para demostrar que los hechos no ocurrieron, como requerimientos de información o triangulación de llamadas, dependiendo de cada caso.
Sin embargo, aseguró que en numerosas ocasiones esas solicitudes son rechazadas y que, incluso cuando logran presentar pruebas, estas no siempre son valoradas dentro del proceso.
Según indicó, esa situación obliga a muchos hombres a enfrentar procesos judiciales durante varios años. Señaló que un juicio puede prolongarse entre dos y cinco años y que, posteriormente, las apelaciones restringidas pueden extenderse otros dos o tres años más, haciendo que una persona pase hasta siete años intentando demostrar su inocencia.
Añadió que, en algunos casos, incluso después de ese tiempo las sentencias son confirmadas sin que se realice una revisión integral del proceso. Como ejemplo, mencionó el caso de un hombre de Caranavi que, de acuerdo con su versión, fue denunciado por su hijastra y por la madre de esta por el delito de violación.
Aguirre aseguró que, durante la investigación, la adolescente manifestó en cámara Gesell que los hechos denunciados no ocurrieron y que su madre le había pedido realizar esa acusación.
También indicó que posteriormente la madre presentó un memorial retractándose de la denuncia. Pese a ello, afirmó que el hombre fue condenado a 25 años de prisión.
Según la representante de la asociación, en ese proceso tampoco existían certificado médico forense ni pericia psicológica que respaldaran la acusación.
SIN RESARCIMIENTOS
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la situación de las personas que, tras enfrentar procesos por presuntas denuncias falsas, recuperan su libertad.
Aguirre afirmó que la asociación no conoce casos en los que exista un resarcimiento económico por parte del Estado para quienes fueron privados de libertad y posteriormente lograron demostrar su inocencia.
«No hemos visto hasta el momento que haya habido resarcimiento de daños por denuncias falsas», señaló.
Añadió que demostrar judicialmente que una denuncia fue falsa continúa siendo un proceso complejo, especialmente cuando ya existe una sentencia ejecutoriada.
Explicó que las revisiones extraordinarias de esos procesos suelen ser rechazadas, por lo que los afectados deben continuar impulsando acciones judiciales junto a sus abogados y familiares durante largos periodos.
Finalmente, reiteró que, desde la experiencia acumulada por la Asociación Justicia e Igualdad durante los últimos cuatro o cinco años, el proyecto para sancionar denuncias falsas difícilmente reducirá este tipo de procesos si antes no se realizan modificaciones estructurales a la Ley 348, orientadas —según sostuvo— a garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.