PGE muestra el viraje de la política económica en el país

Tras la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2026 en la Cámara de Diputados, el asambleísta nacional por La Paz, Alejandro Reyes Careaga, destacó el consenso alcanzado para viabilizar dicha norma y la forma en que se va conociendo la nueva política económica del país para los próximos años.
En criterio de Reyes, debe resaltarse la forma en que los acuerdos entre bancadas parlamentarias dan paso a la aprobación de normas importantes para el país, en espera de que se proceda de la misma forma en instancias del Senado.
“Una votación superior a los dos tercios, producto de un acuerdo político y algunas modificaciones, han permitido este instrumento, ahora le toca al Senado analizar esta normativa dar paso a la vigencia de un presupuesto general acorde a la actual situación”, sostuvo.
Asimismo, señaló que con una próxima sanción del PGE reformulado 2026, se comienza a ver lo que plantea el Gobierno para el área económica y el drástico cambio respecto a las políticas socialistas que arrastraron a Bolivia a su actual crisis.
“Lo importante de todo esto, es que se empieza a ver cuál va ser la política económica de este gobierno. Tenemos que pedir al ministro de Economía que presente el próximo Presupuesto General (para el año 2027) ya con todos los lineamientos de cómo va a ser la política económica de los próximos cuatro años”, dijo Reyes, señalando que se puedan cumplir tiempos y fechas para el análisis de dichas normas.
“Claramente hoy ya se empieza a dar un viraje en la política económica del país”, finalizó.
La madrugada del sábado, en su 146 sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2026, con modificaciones, para las entidades del sector público, estableciendo disposiciones financieras específicas para su aplicación.
“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, apuntó el presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro.
La normativa plantea los anticipos financieros de las entidades territoriales autónomas, saldos de caja y bancos del sistema único de salud universal y gratuito, obligaciones de las entidades territoriales autónomas con impuestos directo a los hidrocarburos, inscripción de recursos específicos, régimen excepcional para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado, el cierre de fideicomisos públicos y la conversión de obligaciones del fondo para la revolución industrial productiva.
Durante el debate del mencionado proyecto de ley, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, expuso ante el pleno los fundamentos técnicos del PGE reformulado, señalando que la iniciativa responde a la necesidad de ajustar las proyecciones fiscales y transparentar la situación financiera heredada de la anterior gestión, luego de un proceso de revisión del presupuesto vigente.
“Los presupuestos del Estado se construyen en un proceso de agregación de abajo hacia arriba, es decir, desde las instituciones que están a nivel territorial, departamental, municipal, departamental y demás; obviamente este es un proceso que normalmente se inicia entre junio y julio”, explicó la autoridad, resaltando que el PGE 2026 marca un cambio en la forma de administrar los recursos públicos, reduciendo el gasto corriente no esencial, racionalizando la estructura administrativa e incrementando la inversión en salud, educación y seguridad.
“Mientras el Gobierno Central reduce sus gastos corrientes, el dinero se va a alcaldías, gobernaciones y también se va a salud, educación y defensa”, añadió.
El PGE reformulado contempla la creación de más de 6.800 nuevos ítems destinados a fortalecer los servicios públicos esenciales. En educación se incorporarán 3.000 nuevos ítems, equivalentes a más de 84.000 horas de carga horaria, lo que permitirá reducir el déficit de horas de enseñanza, especialmente en unidades educativas del área rural. En salud se crearán 2.355 nuevos ítems, mientras que para las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana se habilitarán 1.512 nuevos ítems, fortaleciendo la capacidad de atención y protección del Estado.
A estas medidas, se suma la incorporación de más de Bs 1.000 millones para garantizar el funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS), recursos que no habían sido contemplados en el presupuesto originalmente aprobado y que permitirán asegurar la continuidad de la provisión de medicamentos y prestaciones médicas en beneficio de la ciudadanía.
Espinoza recordó que el Gobierno está implementando una reducción histórica del déficit fiscal superior a seis puntos del Producto Interno Bruto (PIB), sin recurrir a nuevos impuestos, sin afectar los bonos y sin disminuir la inversión en los servicios esenciales que demanda la población.