La Fiscalía Departamental de Santa Cruz admitió formalmente la denuncia penal presentada por el Comité pro Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales; el ejecutivo de la COB, Mario Argollo; y el dirigente campesino Vicente Salazar.
El Ministerio Público aceptó el caso para iniciar las investigaciones por las movilizaciones y el cerco nacional que paralizaron al país durante 53 días entre mayo y junio.
La dirigencia cívica exige que los denunciados asuman la responsabilidad por la muerte de más de 10 personas que no pudieron recibir atención médica a causa de los cercos, además de los millonarios daños ocasionados a la economía.
El presidente del ente cívico, Stello Cochamanidis, ratificó que la querella identifica al menos nueve delitos, teniendo como principales acusaciones alzamiento armado, terrorismo y financiamiento al terrorismo.