El Órgano Judicial de Bolivia se declaró en emergencia este lunes en Sucre y advirtió que iniciará un paro escalonado a partir del lunes 6 de julio si el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no atienden su demanda de incremento presupuestario.
La máxima instancia judicial del país exige la asignación de un presupuesto mínimo equivalente al 5% del Tesoro General de la Nación (TGN), además de la administración autonómica de dichos recursos y la aprobación de leyes para su modernización tecnológica.
La determinación fue asumida durante una Reunión Nacional de Emergencia encabezada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, y anunciada por el magistrado Carlos Ortega Sivila.
Las autoridades judiciales conformaron una comisión nacional y dieron un plazo de 20 días al Gobierno para entablar una audiencia pública en la capital del Estado.
En caso de recibir una negativa, la justicia suspenderá actividades de forma progresiva, comenzando con protestas de 24 horas hasta llegar a un paro indefinido.