Gobierno y COB pactan cumplir acuerdo en 90 días

La Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno nacional suscribieron anoche un documento de acuerdos, orientado a la pacificación y recuperación del país, luego de las medidas de presión asumidas por sectores movilizados. El convenio establece una serie de compromisos que deberán ser cumplidos por el Ejecutivo en tiempos y plazos oportunos que no excedan los 90 días.
El acuerdo recoge demandas planteadas por la COB y sus organizaciones afiliadas, además abre una etapa de seguimiento sobre temas vinculados a derechos humanos, garantías sindicales, control social, defensa de empresas públicas, política económica, transparencia, hidrocarburos, legislación, seguridad social, medio ambiente y política internacional.
Uno de los primeros puntos del documento establece que el Gobierno nacional no apoyará ni promoverá ninguna norma destinada a criminalizar la protesta. Asimismo, el Ejecutivo se compromete a no realizar persecución política, judicial ni mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas que participaron en las movilizaciones.
El convenio también reconoce el rol histórico de la Central Obrera Boliviana y garantiza el respeto a su estructura orgánica, al fuero sindical y social. Este punto forma parte del bloque referido a derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación.
En el mismo ámbito, el acuerdo señala la conformación de una comisión legal integrada por representantes del Órgano Ejecutivo y de la Central Obrera Boliviana, con la participación del Ministerio Público en el marco de sus competencias. Esta instancia tendrá el objetivo de gestionar la liberación de personas detenidas y revisar procesos vinculados con los conflictos.
Asimismo, el Gobierno nacional expresa su rechazo a toda forma de racismo, discriminación o estigmatización contra pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas, sectores populares, trabajadores o cualquier ciudadano. Las denuncias concretas deberán ser remitidas a las instancias competentes para su investigación.
En el capítulo referido al cumplimiento de compromisos y control social, el Ejecutivo ratifica que cumplirá el programa de gobierno presentado durante la campaña electoral. También reafirma su compromiso de respetar la normativa electoral vigente y los mecanismos de rendición pública de cuentas, transparencia y control social establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes.
El documento establece, además, que el Gobierno promoverá mecanismos periódicos de información pública sobre los avances de gestión y los compromisos asumidos ante la población.
Otro de los ejes centrales del acuerdo está relacionado con la soberanía económica y la defensa de empresas públicas. En ese punto, el Gobierno nacional ratifica que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano.
El convenio menciona que el Ejecutivo reafirma su compromiso de realizar gestiones e inversiones en el sector productivo minero asalariado, en el marco de la defensa de las empresas públicas, privadas y autogestionarias estratégicas, además de brindar garantía jurídica y social.
Respecto al financiamiento externo, el Gobierno se compromete a transparentar toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales, conforme a la normativa vigente. Según el documento, estas acciones deberán resguardar la soberanía nacional, la sostenibilidad fiscal y el interés del pueblo boliviano.
El acuerdo también hace referencia al artículo 320 de la Constitución Política del Estado, en sentido de que el Estado es independiente en las decisiones de política económica interna y no debe aceptar imposiciones ni condicionamientos sobre esa política por parte de Estados, bancos, instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales.
En cuanto a la distribución de recursos bajo la premisa del 50/50, el Gobierno nacional se compromete a impulsar una mesa técnica de pacto fiscal y distribución de recursos con las instancias competentes. Esta mesa deberá instalarse de manera inmediata y funcionar en el marco de la Constitución, el régimen autonómico y la sostenibilidad financiera del Estado.
El documento aclara, además, que la educación y la salud son responsabilidad del Estado, de acuerdo con el artículo 77 de la Constitución Política del Estado.
En materia de transparencia, fiscalización e investigación soberana, el Gobierno se compromete a no permitir la injerencia extranjera, respetando la soberanía y la dignidad nacional.
También el Ejecutivo apoyará la conformación de una Comisión Especial Mixta Legislativa para investigar el denominado caso “narco madera” o droga incautada en Chile. El objetivo será identificar responsabilidades, fallas de control estatal, redes de corrupción y medidas institucionales de prevención.
Sobre el caso denominado “narco maletas”, el acuerdo deja constancia de que ya se conformó una Comisión Especial de Investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). A esa instancia, el Ejecutivo brindará la cooperación institucional correspondiente, dentro del marco legal y la reserva investigativa cuando corresponda.
En el ámbito de hidrocarburos, el Gobierno nacional se compromete a garantizar el abastecimiento de combustibles, cumpliendo estándares internacionales de calidad. El acuerdo también menciona la sostenibilidad de la política interna de precios, el incremento de la producción nacional de hidrocarburos y la protección de la economía de las familias bolivianas.
Otro punto establece que el Gobierno deberá presentar un informe detallado sobre el resarcimiento y las compensaciones por daños y perjuicios ocasionados por la denominada “gasolina basura”.
El convenio dispone, además, la realización de una auditoría técnica y financiera externa e independiente, mediante una empresa auditora internacional de prestigio. Esta auditoría tendrá la finalidad de identificar responsabilidades en la adquisición de la denominada gasolina basura, en el marco de la transparencia.
Asimismo, se instalará una mesa técnica con participación de los sectores afectados, especialmente el transporte, para verificar la calidad del combustible, los daños reportados, la relación causal y las medidas adicionales que correspondan. Según el documento, esta instancia deberá conformarse de manera inmediata.
En el bloque referido a socialización legislativa y democracia participativa, el Gobierno se compromete a promover mecanismos previos de socialización, participación y consulta en normas, decretos o medidas de alto impacto social, económico, productivo o sectorial.
El acuerdo señala que esta socialización deberá realizarse conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, respetando las competencias constitucionales del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En caso de medidas que afecten directamente a pueblos indígena originario campesinos, el documento establece que se aplicarán los mecanismos de consulta que correspondan, de acuerdo con la Constitución y la normativa aplicable.
En cuanto a la canasta familiar, derechos laborales y seguridad social, el Gobierno nacional se compromete a impulsar medidas urgentes para proteger la economía de las familias.
Entre los compromisos figuran fortalecer la producción nacional, mejorar el abastecimiento de productos esenciales, enfrentar la especulación, cuidar el salario real y preservar el empleo.
Respecto al sistema de pensiones, el Ejecutivo se compromete a conformar de manera inmediata una comisión técnica para la revisión de la Ley N° 065 de Pensiones. Este análisis deberá considerar criterios de sostenibilidad financiera, estudio actuarial, equidad, fuentes de financiamiento y protección de los trabajadores.
El Gobierno también se compromete a conformar mesas de trabajo para abordar el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana y los pliegos sectoriales específicos. Estas mesas deberán priorizar temas laborales, productivos, sociales y de seguridad social, bajo una agenda coordinada con la COB.
En materia de medio ambiente, el acuerdo establece que el Gobierno convocará a la Central Obrera Boliviana y a las instancias competentes a una mesa de trabajo inmediata para verificar el cumplimiento de la normativa sobre áreas protegidas, parques nacionales, reservas naturales y protección ambiental.
El Ejecutivo también se compromete a no autorizar actividades que vulneren áreas protegidas o derechos colectivos, conforme a la Constitución Política del Estado y la normativa ambiental.
El documento reitera que toda actividad económica deberá respetar la Constitución, la normativa ambiental, los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, la protección de la Madre Tierra y el interés nacional.
Finalmente, en política internacional, el Gobierno nacional ratifica una línea exterior conforme a la Constitución Política del Estado, basada en la paz, la soberanía, la independencia nacional, la integración de los pueblos y la defensa de los intereses de Bolivia.
El acuerdo concluye con una aclaración central: el Gobierno nacional se compromete a cumplir todos los puntos establecidos en tiempos y plazos oportunos que no excedan los 90 días.
Con la firma del documento suscrito, la Central Obrera Boliviana y el Gobierno nacional buscan encaminar una etapa de pacificación y seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos, en medio de las demandas planteadas por los sectores movilizados.