Son más de seis semanas en las que nos hemos visto con carreteras que se convierten en trincheras, los mercados vacíos, además frente a la escasez con precios para la compra por las nubes y el gobierno como un espectador impotente de una crisis que amenaza con devorar al país entero. Lo que comenzó como una protesta focalizada en La Paz, con demandas específicas contra determinados decretos y leyes, se ha transformado en algo cualitativamente distinto y mucho más peligroso: una ofensiva política destinada a derribar al presidente Paz Pereira.
La mutación del conflicto no es un detalle menor, cuando las demandas cambian en plena crisis, cuando de un día para otro la exigencia central ya no es derogar una norma sino arrancar la cabeza del gobierno, el ciudadano de a pie, el observador honesto debe preguntarse: ¿estamos ante un movimiento social legítimo, o ante una operación política con objetivos predeterminados?
El Gobierno ha insistido en la negociación, lo ha hecho públicamente, de forma reiterada, con una paciencia que los críticos interpretan como debilidad y los defensores como responsabilidad institucional. Pero los dirigentes de la COB y de las organizaciones que sostienen los bloqueos no han aparecido en la mesa, no han asistido. Han ignorado las convocatorias con una indiferencia y frialdad que habla más de cálculo estratégico que de una indignación genuina.
Porque hay algo que los líderes de un paro no se permiten, no se puede aceptar, hasta es inconcebible: dejar que el pueblo hambreé indefinidamente mientras ellos evitan sentarse a resolver el conflicto. Ese rechazo sistemático al diálogo no es una táctica de presión; es la señal de que alguien (Evo Morales y sus acólitos), en algún lugar, no quiere que esto termine pronto.
Mientras los dirigentes hacen declaraciones y los analistas debaten, los productos de primera necesidad se han encarecido de manera alarmante en todo el país, las familias de menores ingresos, aquellas que destinan la mayor parte de su salario a la canasta básica, son las que llevan el peso de este conflicto en carne propia. El bloqueo de caminos no distingue entre adversarios políticos y ciudadanos inocentes: golpea a todos, pero golpea más fuerte a los más vulnerables.
Esta es, quizás, la mayor obscenidad de la situación actual: quienes dicen luchar por el pueblo son los mismos que privan al pueblo de alimentos indispensables.
Sería ingenuo analizar esta crisis sin nombrar al personaje que opera en las sombras: Evo Morales, el expresidente, radica en una zona cuya economía está íntimamente ligada a la producción de coca y, según múltiples investigaciones, al narcotráfico, enfrenta varios procesos penales que podrían llevarlo a prisión. Su motivación para desestabilizar al gobierno actual no es ideológica, es existencial.
Desde esa perspectiva, los bloqueos adquieren una lógica siniestra, los bloqueadores son, según todo indica, de dos tipos: los que reciben incentivos económicos para mantener las carreteras cerradas –y sobran razones para sospechar el origen de ese dinero– y los que obedecen bajo amenaza, presionados por dirigentes que les advierten que perderán sus tierras si no se pliegan a la movilización. No es solidaridad de clase lo que mantiene los bloqueos; es una mezcla de corrupción, “narcoterrorismo” y coerción.
El país lleva décadas pagando el costo de no haber podido construir instituciones judiciales realmente independientes. Cuando un expresidente puede movilizar bloqueos a nivel nacional para escapar de la justicia; cuando el narcotráfico puede financiar la desestabilización política sin que nadie lo detenga; cuando los ciudadanos de a pie quedan atrapados en el fuego cruzado de apetitos de poder que nada tienen que ver con sus necesidades existentes, el Estado de Derecho se convierte en una ficción dolorosa.
La solución no pasa únicamente por levantar los bloqueos, pasa por que Bolivia, de una vez, decida si es un país gobernado por leyes o por caudillos, pasa porque la justicia alcance a todos, sin importar cuántos caminos sean cortados para impedirlo.
Más de cuarenta días son demasiados, no podemos permitirnos cuarenta más.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
rcoteja100@gmail.com