Los hechos ocurridos en San Julián han llevado al Gobierno a endurecer su discurso frente a las movilizaciones y bloqueos que persisten en distintas regiones del país. Según el vocero presidencial, José Luis Gálvez, la situación dejó de ser un conflicto social y pasó a convertirse en un desafío político y constitucional que, según afirmó, tiene responsables identificados y objetivos que van más allá de las reivindicaciones sectoriales.
Durante una entrevista en radio Panamericana, la autoridad sostuvo que los acontecimientos registrados en esa localidad cruceña representan un punto de inflexión en la crisis y obligan a interpretar el conflicto desde una perspectiva distinta.
«Ya no estamos hablando únicamente de bloqueos de carreteras, de manifestaciones sociales, de reivindicaciones sociales. Hablamos de hombres armados, de explosivos, de una escalada de violencia planificada», indicó.
Según Gálvez, la presencia de personas armadas y los enfrentamientos que dejaron policías heridos evidencian que determinados grupos habrían abandonado la lógica de la protesta para incurrir en acciones que, desde la visión gubernamental, se enmarcan en delitos graves contra el Estado.
«Ya no estamos frente a protestas de reivindicación, sino ante un alzamiento de orden terrorista, armado, directo, con violencia contra las fuerzas del orden».
GOBIERNO SEÑALA A EVO
El eje más contundente de la entrevista estuvo centrado en la figura del expresidente Evo Morales, a quien el vocero atribuyó la conducción política de las movilizaciones más radicalizadas.
Gálvez aseguró que los hechos registrados en San Julián permiten identificar una intencionalidad política detrás de las medidas de presión y afirmó que los sectores que exigen la renuncia del presidente Luis Arce no persiguen demandas sociales, sino la ruptura del orden democrático.
Según explicó, el Ejecutivo diferenció durante las últimas semanas a sectores que planteaban necesidades concretas de aquellos grupos cuya principal exigencia era la salida del mandatario. «Cuando piden la renuncia de un presidente electo por el voto popular conforme a la Constitución, no hay nada que negociar», señaló.
En esa línea, afirmó que el Gobierno logró acuerdos con diversos sectores sociales en diferentes regiones del país, pero aseguró que grupos radicalizados habrían impedido consolidar esos entendimientos.
La acusación más directa llegó al referirse al liderazgo de las movilizaciones. Gálvez responsabilizó personalmente a Morales por la actual conflictividad y por los hechos violentos ocurridos en el país. «Tiene nombre y apellido, Evo Morales Ayma», enfatizó.
La autoridad sostuvo que el exmandatario impulsa las movilizaciones por intereses personales vinculados a los procesos judiciales que enfrenta.
«Él nos ha dicho a todos los bolivianos la motivación por la cual él llama a estas movilizaciones, financia estas movilizaciones y estos alzamientos armados», sostuvo.
Asimismo, afirmó que el objetivo de estas acciones sería evitar que Morales comparezca ante la justicia.
El vocero también cuestionó que sectores movilizados estén siendo utilizados en beneficio de intereses políticos particulares. «No se dejen utilizar, no sean escalera, no se dejen manipular», añadió.
ESTADO DE EXCEPCIÓN
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la reciente aprobación legislativa de la norma que regula los estados de excepción.
Aunque evitó confirmar una eventual aplicación inmediata de esta medida, Gálvez reconoció que el tema forma parte de las herramientas constitucionales con las que cuenta el Estado frente a escenarios de alteración del orden público.
La autoridad informó que el Gobierno está al tanto de que la Asamblea Legislativa concluyó el tratamiento de la ley y señaló que el Ejecutivo continuará con los procedimientos correspondientes una vez que la norma llegue formalmente a sus manos.
«Estamos agradecidos por la celeridad tomada y lo que el Ejecutivo va a hacer es los pasos subsiguientes en términos de tramitación».
Consultado sobre la posibilidad de que el presidente active un estado de excepción, el vocero evitó adelantar una decisión, aunque recordó que esa atribución corresponde exclusivamente al Órgano Ejecutivo.
La declaración deja abierta la posibilidad de que el Gobierno evalúe medidas extraordinarias si la conflictividad y los hechos de violencia continúan escalando en distintas regiones del país.
RENUNCIA DEL PRESIDENTE
Gálvez estuvo relacionado con los límites que el Gobierno fija para cualquier proceso de negociación.
El vocero insistió en que la administración de Luis Arce mantiene abiertas las puertas del diálogo con organizaciones sociales y sectores que planteen demandas específicas. Sin embargo, dejó claro que la continuidad del mandato presidencial no forma parte de ninguna agenda de conversación.
«La democracia no se negocia», recalcó.
La autoridad afirmó que existen espacios para alcanzar acuerdos sobre demandas económicas, sociales o sectoriales, pero descartó cualquier posibilidad de diálogo con quienes busquen alterar el orden constitucional.
«Hay segmentos específicos que no quieren negociar y que su única demanda es romper el orden constitucional. Eso no está en negociación».
Incluso señaló que algunos dirigentes asumieron posiciones que, a juicio del Ejecutivo, son incompatibles con el marco democrático.
Pese a ello, sostuvo que la convocatoria al diálogo realizada por el presidente Arce continúa vigente para quienes estén dispuestos a buscar soluciones dentro de los cauces institucionales.
«Vengan a conversar, siéntense a solucionar los problemas, no sean escalera de los violentos, no se dejen utilizar».
Para el Gobierno, la actual coyuntura trasciende la disputa entre oficialismo y oposición y representa una definición sobre el rumbo político del país. En ese contexto, Gálvez sostuvo que Bolivia atraviesa una compleja transición en la que conviven proyectos políticos contrapuestos y aseguró que la defensa del orden constitucional seguirá siendo la prioridad del Ejecutivo frente a los sectores que promueven la confrontación.