La aparición de un grupo encapuchado, armado y autodenominado “milicia armada del pueblo” marca un punto crítico en la crisis que atraviesa Bolivia. Ya no se trata únicamente de bloqueos, presión social o conflicto político: la presencia de civiles con armas de fuego, amenazas directas contra policías, militares y sus familias, además de ataques contra efectivos del orden obliga al Gobierno a responder con urgencia, dentro de la ley; pero con firmeza.
El video difundido en redes sociales muestra a un grupo de personas con el rostro cubierto que advierte al Ejecutivo y a las fuerzas del orden que responderá “con la misma fuerza” ante nuevos operativos. Los encapuchados amenazaron con ubicar viviendas de familiares de uniformados, lo que eleva la gravedad del hecho y lo aleja por completo de cualquier forma legítima de protesta.
La difusión del material ocurrió después del fallido operativo de desbloqueo en San Julián, donde la Policía y las Fuerzas Armadas intentaron habilitar la ruta que conecta Santa Cruz con Beni.
La Policía reportó seis uniformados heridos, cuatro de ellos por impactos de bala, y uno permanece en terapia intensiva tras recibir un disparo en la cabeza.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, informó que el operativo dejó 33 personas heridas, entre civiles y policías, y pidió investigar la presencia de actores paraestatales, grupos de choque, armas de fuego y explosivos.
El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, sostuvo que lo ocurrido en San Julián ya no puede ser considerado una reivindicación social, sino un posible alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. También señaló que estos hechos podrían configurar actos de terrorismo y cuestionó un eventual financiamiento detrás de estos grupos.
En ese escenario, el Estado no puede actuar con tibieza. Si existen grupos armados operando bajo una estructura organizada, con capacidad de amenaza, resistencia armada y posible financiamiento ilícito, corresponde una investigación inmediata del Ministerio Público, la identificación de mandos, financistas y operadores, además de una acción coordinada para desarticularlos.
El Gobierno, la Fiscalía y las fuerzas del orden deben actuar en consecuencia. No se trata de criminalizar la demanda social, sino de separar de manera tajante a quienes protestan haciendo uso de armas, explosivos y amenazando para imponer condiciones al país.
Bolivia cumplió ayer 38 días de conflicto con 85 puntos de bloqueo en seis departamentos, según reportes basados en datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La situación afecta el tránsito, el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos esenciales.
