Cuando la dinamita reemplaza a la ley y el estrangulamiento de las ciudades sustituye al debate democrático, ya no estamos frente a una reivindicación popular, sino ante un secuestro extorsivo a escala nacional. Esta es la radiografía forense de la Bolivia actual. La Central Obrera Boliviana (COB), los Ponchos Rojos y demás facciones radicales han despojado de todo romanticismo a la etiqueta de “movimientos sociales”, para exhibirse como lo que realmente son: cárteles sindicales que operan con absoluta impunidad al margen del Estado de Derecho. Su rotunda y beligerante negativa a cualquier escenario de diálogo desnuda una verdad incómoda: no buscan soluciones técnicas a la crisis ni mejoras para el país, persiguen la sumisión incondicional del Estado a sus caprichos sectoriales.
En este escenario dantesco, el Presidente del Estado se encuentra virtualmente secuestrado. Es un rehén institucional, víctima del propio monstruo prebendal que el modelo político en el que se encuentra alimentó durante dos décadas. Su margen de maniobra es casi nulo: está acorralado por la imposibilidad política de renunciar sin entregar la nación al vacío absoluto, y la imposibilidad fáctica de gobernar porque las carreteras están minadas por la barbarie. La tragedia del Ejecutivo se resume en la presión esquizofrénica a la que está sometido frente a la herramienta del Estado de Excepción. Por un lado, el radicalismo sindical lo bombardea y amenaza con un baño de sangre si se atreve a utilizar esta figura legal, demonizando un recurso estrictamente constitucional como si fuera una herejía dictatorial.
Por otro lado, la sociedad civil agonizante, la clase media productiva, los emprendedores y los ciudadanos formales que pagan impuestos y sostienen económicamente a este país, exigen a gritos que el gobierno decrete la medida y restablezca el orden de una vez por todas. Aquí radica la sutil pero ineludible crítica a la administración central: su parálisis. Es humanamente comprensible el temor de un mandatario acorralado ante la amenaza de la convulsión, pero jurídicamente es inexcusable. La inacción gubernamental, amparada en una prudencia mal entendida, termina por naturalizar el terrorismo económico de los bloqueadores.
Mientras el Ejecutivo duda en aplicar la ley, la verdadera víctima de este fuego cruzado es el pueblo en todos sus sectores, el productor que ve perder todo su esfuerzo ante inhumanos bloqueos, el ciudadano de a pie que ve sus ahorros pulverizados, sus negocios quebrados y su libertad de locomoción confiscada por élites sindicales que no aportan a la economía formal, pero que cobran un peaje de hambre al resto del país. Un Estado que pide permiso a quienes lo bloquean para ejercer su autoridad deja de ser un Estado.
La Constitución no es un catálogo de sugerencias, y el uso legítimo de la fuerza pública para garantizar el libre tránsito y la protección a la propiedad privada no es fascismo, es el deber primordial de cualquier gobierno. Si la administración central no asume el costo político de ejercer su autoridad frente a la intransigencia de estos grupos, estará firmando el certificado de defunción del orden institucional, confirmando que en Bolivia la ley no emana del mandato constitucional, sino de la cantidad de explosivos que un sector esté dispuesto a detonar contra los ciudadanos pacíficos.
El autor es abogado.