Recientemente, a raíz de los conflictos internos, Bolivia solicitó al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) incorporar en agenda la “situación política interna del Estado Plurinacional de Bolivia”. El argumento oficial era denunciar los “hechos de desestabilización promovidos por grupos aislados con fines políticos”.
Según la intervención introductoria del Canciller, el propósito de la comparecencia era solicitar: “el respaldo del Consejo Permanente y de los países miembros de la OEA para, uno, reafirmar el compromiso hemisférico con la preservación del orden democrático y constitucional de Bolivia. Condenar toda forma de violencia política, coerción organizada y acciones destinadas a alterar el normal funcionamiento institucional del Estado. Respaldar los esfuerzos del gobierno boliviano orientados al diálogo (…)”.
En la sesión, algunos Estados hicieron uso de la palabra. En su mayoría, invocando la necesidad de preservar la democracia, el Estado de Derecho, la paz social y el respeto a los Derechos Humanos.
Luego de las alocuciones, la Presidencia del Consejo Permanente concluyó simplemente afirmando textualmente que: “De todas estas intervenciones, tomamos debida nota y les agradecemos por haber enriquecido este importante diálogo (…)”; y nada más.
Cabe tener presente que el Consejo Permanente es un órgano colegiado que se pronuncia precisamente a través de Resoluciones o Declaraciones. En consecuencia, si no hubo Resolución y el objetivo era obtener el respaldo político e institucional del sistema interamericano, el resultado fue claramente insuficiente.
La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué Bolivia decidió internacionalizar voluntariamente un conflicto interno sin asegurar previamente una Resolución favorable?
La experiencia diplomática demuestra que los apoyos internacionales no se construyen durante las sesiones, sino antes de ellas. Las resoluciones son generalmente el resultado de intensas consultas previas, acercamientos bilaterales y construcción de consensos. Cuando ello no ocurre, el riesgo es evidente: exponer ante la comunidad internacional no solamente los efectos de una crisis, sino también las debilidades de la estrategia diplomática diseñada para enfrentarla.
La explicación más inmediata podría conducir a una conclusión incómoda: la diplomacia boliviana no logró reunir los apoyos suficientes para transformar las expresiones de preocupación en una posición institucional del organismo hemisférico.
Indudablemente, este hecho adquiere mayor relevancia si se considera que los Estados Unidos de Norteamérica, actor de enorme influencia dentro del sistema interamericano, expresó preocupaciones en una línea coincidente con la necesidad de preservar la institucionalidad democrática, garantizar el abastecimiento de bienes esenciales y encontrar una salida pacífica al conflicto. Conociendo el peso político que históricamente tiene Washington dentro de la OEA, resulta inevitable preguntarse por qué, aun existiendo semejante preocupación, no fue posible alcanzar una Resolución formal.
Probablemente porque los Estados miembros perciben que la crisis boliviana es más compleja de lo que se presentó durante la sesión.
Sería un error atribuir todos los problemas actuales únicamente a los bloqueos o a las movilizaciones sociales. La crisis tiene raíces más profundas. Años de desgaste institucional, dificultades económicas acumuladas, conflictos políticos irresueltos, creciente polarización y señales contradictorias en materia de gobernabilidad han contribuido a configurar el escenario actual.
A ello se suman problemas que ya venían generando preocupación ciudadana mucho antes de los acontecimientos recientes: escasez recurrente de combustibles, disminución de reservas internacionales, incertidumbre económica, normas aprobadas sin consensos suficientes para posteriormente ser derogadas, denuncias de corrupción pendientes de esclarecimiento y una creciente percepción de desconexión entre el poder político y las necesidades cotidianas de la población.
Sin embargo, existe un aspecto aún más preocupante, a estas alturas, la situación comienza a adquirir rasgos propios de una crisis humanitaria, cuando miles de familias encuentran dificultades para acceder a alimentos, combustibles, medicamentos y servicios básicos; cuando enfermos deben esperar durante horas o días para recibir atención o ser trasladados; cuando productores ven paralizadas sus actividades y ciudades enteras enfrentan riesgos de desabastecimiento, el problema deja de ser exclusivamente político.
Ninguna reivindicación política, por legítima que sea, puede justificar que la población civil termine soportando las consecuencias más graves del conflicto.
Incluso en tiempos de guerra, el Derecho Internacional Humanitario establece mecanismos destinados a proteger a la población civil y garantizar el acceso a bienes indispensables para la supervivencia. Resulta paradójico que, en un Estado democrático y en tiempos de paz, regiones enteras puedan verse sometidas a condiciones de aislamiento, incertidumbre y escasez que afectan directamente la calidad de vida de millones de personas.
Por ello, la expresión utilizada por la Presidencia del Consejo Permanente —»tomamos nota»— no puede interpretarse como una victoria diplomática. En el mejor de los casos, constituye el reconocimiento formal de que existe una crisis preocupante. Pero la magnitud de los acontecimientos exige mucho más que una simple constatación.
Si Bolivia aspira a obtener un pronunciamiento más contundente de la OEA, será necesario replantear la estrategia seguida hasta ahora. La construcción de consensos diplomáticos, una exposición integral de las causas y consecuencias de la crisis y la apertura a mecanismos de facilitación o mediación internacional podrían generar mayores niveles de confianza y compromiso por parte de la comunidad hemisférica.
Asimismo, no se debería descartar la posibilidad de una misión de buenos oficios o de mediación de alto nivel auspiciada por la propia OEA. Cuando los canales internos de diálogo se encuentran agotados y la polarización domina el escenario político, la participación de terceros imparciales puede contribuir a reconstruir puentes y evitar una escalada de consecuencias imprevisibles.
Desde esta columna hemos sostenido reiteradamente la necesidad del diálogo, la concertación y la mediación. Los hechos parecen demostrar que esa alternativa no solo era aconsejable, sino indispensable.
Bolivia necesita soluciones urgentes. La OEA ya tomó nota. Ahora corresponde que el sistema interamericano, los actores políticos nacionales y la comunidad internacional comprendan que la gravedad de la situación exige algo más que preocupación diplomática.
Porque cuando están en juego la democracia, la paz social, el abastecimiento de bienes esenciales y la dignidad de millones de ciudadanos, la indiferencia deja de ser una opción y la acción se convierte en una obligación moral y política.
El autor es diplomático de carrera y politólogo.