¿La reedición de 1781?

El desmantelamiento institucional de las fuerzas del orden y la impunidad de facciones radicales tienen hoy a Bolivia al borde del abismo. La Paz sufre un asedio criminal que bloquea el ingreso de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, un drama humano insostenible provocado por grupos antisistema minoritarios, pero altamente belicosos. Esta crisis no es fortuita; es el resultado directo de políticas del Movimiento al Socialismo (MAS) destinadas a quebrar la institucionalidad, y de la alarmante inexperiencia del actual gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
Durante las gestiones del MAS, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas sufrieron un proceso sistemático de desmantelamiento y corrupción. En lugar de preservar su rol constitucional de garantizar el orden y la soberanía, ambas instituciones fueron instrumentalizadas políticamente, descabezando mandos meritocráticos para imponer lealtades partidarias. Este vacío institucional fue aprovechado para empoderar a movimientos sociales radicales y guardias sindicales. Estos grupos, cobijados por un discurso de impunidad, desarrollaron un arrogante sentimiento de superioridad frente a la ley, asumiendo que el secuestro de ciudades enteras es un método legítimo de presión política.
Hoy, la Sede de Gobierno paga el precio de esa capitulación institucional. Es inaceptable que una minoría violenta dicte el destino de millones de ciudadanos, privándolos de derechos fundamentales mediante bloqueos feroces. La asfixia de La Paz, desprovista de insumos básicos y suministros médicos, constituye un atentado directo contra la vida, que excede cualquier derecho a la protesta.
Ante este escenario de tierra arrasada, la respuesta del gobierno de Rodrigo Paz ha sido negligente. La actual administración demuestra una preocupante falta de pericia y pulso político para gestionar el conflicto. Entre la indecisión y la inacción, el Ejecutivo ha dejado desamparada a la población, evidenciando que la inexperiencia en la conducción del Estado se traduce en ingobernabilidad. Las autoridades actúan como espectadoras de un cerco criminal, atrapadas en la retórica, mientras el aparato productivo y la salud pública colapsan.
Bolivia no puede seguir secuestrada por el vandalismo impune ni por la parálisis gubernamental. ¿Hasta cuándo los bolivianos, y sobre todo los paceños, quedarán sin comida o medicamentos? Se está reeditando algo muy parecido al cerco de 1781… ¡en 2026! En 1781 los paceños, por la desesperación, llegaron a comer jumentos, avechuchos, insectos y roedores… ¿Cómo es posible que eso suceda hoy? ¿Se está regresando a la barbarie? ¿Y seguiremos viendo hordas de masistas destrozando el ornato público?
Recuperar el Estado de derecho exige restaurar la autoridad de las fuerzas del orden, desarmar la arrogancia de los grupos fácticos y exigir al gobierno central que asuma su responsabilidad histórica con competencia y firmeza, antes de que el país termine por desintegrarse en manos de la intransigencia. Bolivia está en la encrucijada.