Gobernar desde Santa Cruz ¿y después?

A raíz de la agitación que se vive surgieron voces que proponen, como salida, trasladar la sede de gobierno a Santa Cruz o gobernar desde allí. La idea ya apareció en el debate constituyente sobre la capitalidad, buscando reducir la influencia política de El Alto sobre la gestión estatal.
Esas ideas muestran una visión superficial de lo que está pasando en el país, propia de quienes consideran a Bolivia como una empresa privada que puede resolver sus problemas reubicando el centro de decisiones para mejorar su eficiencia administrativa. Este no es un caso tan simple, encierra problemas económicos y sociales de larga data, exacerbados en los últimos años. Mover el eje del poder no los solucionará ni reducirá la conflictividad, solo la trasladará de escenario, en ese caso ¿a dónde se movería el gobierno? Lo que se requiere es atacar sus causas y no solo su manifestación.
El MAS, para apropiarse del poder y reproducirlo, agravó deliberadamente la división de la sociedad, no solo regional sino también identitaria. Suscitó una lógica de enfrentamiento, debilitando la cohesión nacional, siguiendo la estrategia de “divide y vencerás”. Acabó con la institucionalidad y toleró la corrupción en el interior de entidades fundamentales del Estado.
Fomentó el clientelismo delictivo, salvando, a algunos de sus dirigentes, de la acción de la justicia. Permitió el desvío de recursos económicos que debían ayudar a campesinos, causando importantes pérdidas. Debilitó la economía y acabó con las reservas.
Esta desestructuración del Estado fue facilitada por la esperanza que despertó, en sectores necesitados, su oferta de ’’vivir bien” y es aprovechada, ahora, para generar violencia, disputando el poder al gobierno para crear condiciones que lo debiliten, tornen ineficaz la gestión y promuevan su retorno.
Enfrentamos una crisis con gran perjuicio para la ciudadanía, mayormente ajena a la lucha política. Se desnuda, también, la debilidad de un Estado conducido por elites políticas sin capacidad para enfrentar el desafío.
La recuperación del país exige acciones en múltiples frentes. Ciertamente no se puede esperar un arreglo en “cien días”, pero el gobierno debió adoptar medidas que, más allá de beneficiar a ciertos grupos minoritarios, sirvan, al menos, como una señal de esperanza para la sociedad. Por ahora es urgente una medida política: recuperar la autoridad del Estado, única forma que permitiría cierto grado de seguridad para la población y normalidad en el país. Esto como un primer paso.
Bolivia está en la zaga en la región y es urgente encaminarla por la vía del desarrollo. El Estado debe actuar como impulsor, allá donde falten otros actores y el gobierno debe tener el valor de asumir la responsabilidad de gobernar, que implica ejercer autoridad, adoptando, en ciertos casos, decisiones impopulares y no dejar a la ciudadanía, como está ocurriendo, a merced de quienes ejercen violencia.