El verdadero cáncer: la Constitución Política

La crisis que arrastra Bolivia no es un fenómeno coyuntural ni el simple resultado de una mala gestión administrativa, sino la consecuencia del diseño institucional de su Constitución Política del Estado. Nacida al calor de las promesas refundacionales del llamado “Proceso de Cambio”, la CPE ha terminado por estructurar un modelo de Estado inviable. Bajo una retórica de inclusión y soberanía, instaló dos vicios de fondo que hoy estrangulan el futuro de la República: la fragmentación de la ciudadanía y la asfixia sistemática de la iniciativa económica privada.
El primer error del texto de 2009 fue quebrar el principio republicano de igualdad ante la ley. Al establecer una ciudadanía diferenciada basada en criterios corporativos y étnicos, la Constitución atomizó a la sociedad boliviana. En lugar de consolidar un cuerpo de ciudadanos con idénticos deberes y derechos, fueron creadas categorías jurídicas privilegiadas que atomizan el territorio y superponen jurisdicciones. Esta diferenciación no ha traído justicia social; ha servido como el blindaje legal para que corporaciones sindicales, gremiales y sectores específicos actúen al margen de la ley, convirtiendo el chantaje y los bloqueos en herramientas de negociación paraestatal.
A esta fragmentación social se suma un andamiaje diseñado explícitamente para ahuyentar el capital. Los candados a la inversión privada, disfrazados de nacionalismo económico, han convertido a Bolivia en un gueto financiero. Hoy, el debate político biempensante sugiere que la solución a la asfixia económica radica en modificar parches legales: reformar la Ley de Minería, flexibilizar la Ley de Hidrocarburos o retocar la Ley de Inversiones. No obstante, cambiar las leyes adjetivas mientras la Constitución siga consagrando el monopolio ineficiente del Estado y la inseguridad jurídica de la propiedad privada no estructurará un país viable.
El verdadero obstáculo para salir de este declive es el férreo conservadurismo de izquierdas que domina a los sectores nacional-populares. Paradójicamente, quienes se autodenominan “progresistas” son los guardianes del statu quo más rancio. Existe un pánico ideológico a la privatización y a la apertura económica, defendido por una dirigencia que ha suplantado la producción de riqueza por la administración de la escasez.
Tras años de relato antineoliberal, el Proceso de Cambio no construyó soberanía, sino una maquinaria de corrupción institucionalizada que necesita del conflicto y la confrontación violenta para sostenerse. El desprecio por la ley ha degenerado en bloqueos que rozan lo delictivo, donde grupos afines a liderazgos caudillistas no dudan en estrangular la economía popular con tal de mantener su impunidad jurídica y sus cuotas de poder.
Bolivia no saldrá del atraso con reformas cosméticas. La viabilidad del país exige una crítica de fondo al diseño constitucional de 2009. O se desmonta el modelo corporativista para retornar a una república de iguales ante la ley, o el país continuará siendo el rehén de un conservadurismo ciego que prefiere ver naufragar la economía antes que ceder sus privilegios particulares.