La generación de crisis en un país plagado de diversos problemas, heredados la mayoría de ellos, derivados no sólo de malos manejos, sino de actuaciones criminales en entornos multisectoriales y debido a fuentes multicausales de regímenes pasados, no son novedades para la población. De allí que, las demandas expresadas en urnas fue la de cambios radicales, evitando a los que gobernaron en el pasado y exigiendo al nuevo gobernante destruir la corrupción y a los grupos delictivos de manera decidida. Dicotomía de elección entre construir Bolivia versus los que buscan destruirla, ganando el primero con base en elecciones democráticas.
En escenarios de conflictividad, se trabajan en tres frentes, el primero apoyado en el dialogo y la negociación; el segundo, en una zona difusa o gris en la que actúan principalmente los conspiradores y alborotadores profesionales apoyados en narrativas “creíbles” construidas a partir de necesidades reales que aparentan racionalidad y el tercer frente, en el uso de la fuerza.
En esencia, el primero busca el establecimiento de canales de comunicación y negociación, pero se debe entender claramente que se negocia al menos entre dos partes en conflicto de intereses, siempre y cuando ambos quieran hacerlo, pues si una de esas partes quiere imponer su posición y radicaliza su postura negando escuchar a la otra (ej. renuncia si o si del presidente), entonces no hay negociación. Por tanto, ese escenario se descarta y se mantiene activo, cuando se generen condiciones para su ejercicio, sea que se los obligue o acepten negociar en algún momento.
Luego, ningún gobierno se compone sólo de un presidente, se compone de equipos especializados a partir de las diversas carteras de Estado o ministros a cargo, debiendo salir al frente ante cualquier crisis en su sector, actuando en equipo y no dejando que el presidente deba actuar solo.
Sin embargo, en Bolivia, se ve al actual presidente, prácticamente sin apoyos claros, ni decididos y sin respaldo por miembros de su actual gabinete, que parecen vivir en la nube de su cargo, sin cambiar nada y se permiten convivir con personal dependiente que fueron parte de la generación del problema que hoy enfrenta el país, salvo claras y destacadas excepciones. Arguyendo que recién están seis meses, cuando todos ya conocían los problemas antes de asumir el cargo, no tratándose de hacer espectáculos, pero si de dar mensajes claros con actitud.
A estas alturas, los intereses promovidos por el crimen organizado son claros y si no lo son, se los lista a continuación: 1º) no negociar y desestabilizar la paz social, generar y profundizar diversas crisis en contra de la sociedad y principalmente las familias para que vectores de contagio de demandas sociales se incrementen y masifiquen; 2º) activar a dirigentes y alborotadores profesionales (esbirros), para que instiguen a la confrontación y sobre todo a la violencia, buscando generación de atentados contra la seguridad y vida misma, no importando de quien, solo que haya victimas que serán usadas como pretexto para radicalizar posiciones y 3º) la toma del poder, buscando reemplazar al grupo que lo detenta, no importando la forma, mejor si es con violencia, para posicionar la postura radical de destruir al que se atreva a confrontarlos.
Por tanto, existen acciones sediciosas, que buscan turbar el orden público a como dé lugar, alzándose públicamente contra el gobierno legalmente constituido con franca hostilidad. Por lo que, si bien el solo pedir “la renuncia” no constituye delito por si solo (expresión de intencionalidad volitiva publica), las acciones desplegadas para tal fin si denotan claramente el dolo y pueden derivar en un tipo penal del tipo colectivo (rebelión) si usan explosivos y/o armas. El grado de responsabilidad individual será proporcional a la participación y autoría, vinculados a otros tipos penales accionados, pues la sedición fue expulsada como delito por SCP 0004/2022.
También el terrorismo, es todo acto violento que busca atentar contra la seguridad común, la salud pública (existen ya fallecidos debido a los bloqueos) e incluye todo atentado contra la seguridad, la vida, la integridad corporal y jefes de Estado; utilizando la intimidación y mantenimiento de estados de alarma o pánico en la población. Lo cual está suscitándose, al igual que el despliegue del crimen organizado que al acomodar sus actuaciones a tipos penales, denotan actividades delictivas perseguidas y sancionadas internamente. Todo lo anterior tipificado en el Código penal boliviano y normas internacionales, pues la estabilidad del orden instituido democráticamente y la seguridad de los Estados, son también parte de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional público.
De allí que, los relatos instalados en contra del actual gobierno que: gobierna para ricos y no pobres favoreciendo leyes sesgadas, le falta transparencia respecto a las maletas y la gasolina basura, existe inflación y la plata no alcanza, sumada a su falta de carácter al no tomar decisiones con voz de mando. Son bases de una narrativa utilizada por grupos sediciosos, terroristas y criminales que sólo buscan toma el poder, a los que se debe confrontar de una vez y por todas.
Por tanto, los ministros del área de seguridad, los comandantes de las fuerzas de seguridad, restos de ministros, tienen que actuar dentro del marco de las facultades legales para el uso de la fuerza para reprimir y perseguir al crimen organizado, sedicioso, terrorista y delictivo que buscan destruir no sólo a ellos como gobierno, sobre todo al país, atentando en contra de quienes quieren protegerlo y construirlo. La decisión está en manos del actual gobierno, debiendo reaccionar con inteligencia y sin perder de vista que más allá de las disidencias coyunturales, el pueblo boliviano quiere paz y democracia. ¡La patria se la respeta y se la protege con fuerza y actitud!
El autor es diplomático e internacionalista.