Ante la falta de respuestas a la crisis de combustibles, la ciudadanía percibe una debilidad en el Gobierno que está siendo aprovechada por distintos sectores sociales.
Lejos de unificarse bajo una sola consigna, grupos con diversas peticiones particulares se están incorporando progresivamente a las movilizaciones de los sectores desestabilizadores, radicalizando las medidas de presión en las calles.
Paralelamente, otros grupos de manifestantes concentraron sus protestas en contra del Gobernador de La Paz, cuestionando su gestión e incluso observando la legitimidad de la elección que lo llevó al cargo.
A este complejo panorama se suman informes extraoficiales que alertan sobre presuntos reclutamientos de personas en Oruro y Potosí para ser trasladadas a La Paz con el fin de masificar el cerco.
En medio de esta coyuntura, analistas y ciudadanos observan con preocupación la falta de colectivos o plataformas civiles en el occidente del país que se pronuncien abiertamente en contra de estas marchas destructivas, advirtiendo que estos grupos buscan alcanzar cuotas de poder mediante el uso de la fuerza en las calles y no a través de las urnas.