Declaraciones ridículas para justificar violencia

Debido a la agitación social provocada por la COB, mineros, maestros y gente de otros sectores sociales, la ciudad de La Paz ha sido blanco, en los últimos días de un estado de intranquilidad insoportable. Según los organizadores de la protesta social, el nuevo gobierno no ha atendido peticiones relacionadas con provisión de combustibles de buena calidad, dotación de materiales para empresas mineras, aumento salarial en el magisterio, abrogación de la ley 1720, etc.
Mientras algunas demandas han sido satisfechas, como la eliminación de la norma sobre conversión voluntaria de la propiedad pequeña de tierra en mediana y la atención a pedidos de maestros rurales, algunos sectores han recurrido a actos de violencia para hacerse escuchar. Es el caso de cooperativistas mineros que se han enfrentado violentamente a fuerzas policiales. También maestros rurales, antes de la firma de un convenio con el Gobierno, han destrozado el edificio del Ministerio de Educación.
Particularmente, llama la atención el comportamiento de docentes, considerando que en sus manos está la capacitación de niños y jóvenes de áreas rurales, que necesitan con mayor urgencia asimilar conocimientos para salir de su situación de carestía. Es triste comprobar que, olvidando su noble función, se dedican a destruir propiedad pública, dando un pésimo ejemplo.
En el fondo, obrar con violencia es producto de las instrucciones de una dirigencia sindical en decadencia, que cómodamente declara que la aplicación de medidas de presión es el único camino para lograr conquistas sociales, sin recordar que la crisis económica actual es resultado de veinte años de masismo en el poder. Tampoco consideran que paros y bloqueos principalmente perjudican a la población, a sectores productivos.
Es más, resulta indignante que el líder cobista Mario Argollo justifique los bloqueos de vías y pida que el pueblo se ajuste el cinturón ante la grave situación económica actual, mientras se sabe que dirigentes sindicales ganan elevados sueldos, que son pagados con los impuestos que paga la población a la que ellos perjudican con sus medidas de presión. No les interesa que la mayoría sea sometida a desabastecimiento de productos y elevación de precios, perjudicando más a los pobres, no a quienes tienen asegurados sus ingresos mensuales.
Pero asuntos tan importantes como la calidad de la educación, la naturaleza actual de las entidades mineras, la representatividad de organismos laborales, la expansión de la carga tributaria a sectores sociales reacios, la defensa de los derechos al trabajo y al libre tránsito ni siquiera son mencionados.
Mientras tanto, la población afectada observa bloqueos que causan muertos e impiden hasta el paso de ambulancias, así como actitudes ridículas, como que dirigentes sindicales pidan disculpas por marchas y bloqueos o exhorten a que la población soporte el daño que ocasionan por demandas hasta de índole política, como solicitar la renuncia del presidente actual, lo que es una falta de respeto a quienes fueron a las urnas para hacer conocer su decisión soberana.