Al iniciar la tercera semana de conflictos, en primera instancia encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la dividida Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, 2.500 marchistas “evistas”, que no representan ni el 1% de 3.022.5663 residentes del departamento de La Paz, se instalaron en la ciudad de El Alto para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Ciudad Maravilla, conocida en el ámbito mundial, una vez más será escenario de actos violentos y vandálicos protagonizados por habitantes de otros departamentos con exigencias intransigentes e intereses políticos y sectoriales que, en más de dos semanas, ocasionaron el desabastecimiento de alimentos en los centros abasto y el incremento desproporcional de precios en detrimento de la economía de la ciudadanía paceña y peor aún para las personas de escasos recursos.
Durante la jornada de ayer, una columna de marchistas vinculados a Evo Morales llegó a la ciudad de El Alto, donde al grito de “patria o muerte”, instaló su cuartel para tomar la posta de las movilizaciones destinadas a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La marcha llegó proveniente desde Caracollo, en distintas etapas en seis días que pasaron por el altiplano paceño y no tuvo dificultades para ingresar a la ciudad de El Alto, donde ayer estuvieron contingentes de fuerzas militares y policiales, en un operativo destinado a abrir un corredor humanitario y liberar combustible, oxígeno para hospitales y medicamentos.
LA PAZ AISLADA
Los bloqueos de carreteras reinstalados en distintos puntos del altiplano y las provincias paceñas comenzaron a aislar ayer a las ciudades de La Paz y El Alto, obligando a las terminales terrestres de ambas urbes a suspender las salidas de buses al interior del país y hacia las provincias.
Por otro lado, cuestionando que las movilizaciones “evistas”, la exsenadora por Santa Cruz Centa Rek reprochó que aquellos sectores que vaciaron el Estado, mientras consolidaron un modelo basado en el control político y la dependencia económica, hoy pretendan volver presentándose como supuestos defensores del pueblo.
Por su parte, el Gobierno advirtió a los sectores movilizados que el derecho a la protesta no ampara la comisión de delitos, mientras que la Policía Boliviana afirmó que, si bien sus operativos se desarrollan sin armas letales, hará uso progresivo y proporcional de la fuerza en caso de ser necesario.