Iglesias Evangélicas Unidas presentó una Acción Popular contra instituciones del Estado y dirigentes de sectores movilizados, solicitando que el presidente del Estado declare Estado de Excepción para restablecer la libre transitabilidad y frenar los bloqueos en el país.
El abogado patrocinante, Ramiro Carrillo, informó que la acción fue dirigida inicialmente contra el Primer Mandatario, al considerar que la Constitución le otorga la facultad de asumir esa medida ante una situación de “convulsión interna”.
“Tiene que tomar las medidas pertinentes. ¿Cuál es la medida pertinente? Es el Estado de Excepción en buena parte del territorio boliviano”, afirmó Carrillo, al señalar que la medida permitiría garantizar el abastecimiento en las ciudades, evitar cortes de servicios públicos, restablecer la circulación y proteger a las personas afectadas por agresiones en los puntos de bloqueo.
El jurista recordó que la Constitución permite declarar Estado de Excepción en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.
La Acción Popular también fue presentada contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana, sectores campesinos y representantes del magisterio, con el objetivo de que levanten sus medidas de presión. Asimismo, incluye al Ministerio de Gobierno, para que a través de la Policía Boliviana proceda al desbloqueo de carreteras y calles.
Carrillo cuestionó además la participación de autoridades vinculadas a las protestas, entre ellas el parlamentario Nilton Condori, y sostuvo que no corresponde que una autoridad nacional impulse pedidos de renuncia contra el Presidente.
También criticó la actuación de la Fiscalía General del Estado, al afirmar que debió iniciar investigaciones de oficio frente a los hechos de violencia, saqueos y daños registrados durante las protestas.
“No es necesario que exista una denuncia previa para que el fiscal general actúe contra los vándalos que están saqueando o cortando el alumbrado público”, manifestó.
La Acción Popular fue presentada este miércoles y, de acuerdo con el abogado, la audiencia debe fijarse en un plazo de 48 horas. (Con información de Erbol)