La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) afirmó que el país requiere con urgencia acuerdos políticos, estabilidad institucional y medidas estructurales para enfrentar la crisis económica y social que aún afecta a las familias y al aparato productivo nacional. Además, la Federación de La Paz pide al gobierno garantizar la libre transitabilidad.
En un pronunciamiento emitido al cumplirse seis meses de gestión del nuevo Gobierno, la entidad empresarial reconoció avances en algunos indicadores macroeconómicos vinculados a la estabilidad cambiaria, la inflación, las reservas internacionales y la disminución del riesgo país, además de valorar medidas orientadas a corregir distorsiones estructurales y promover mayor certidumbre económica.
Sin embargo, la CEPB advirtió que persisten problemas estructurales que continúan poniendo en riesgo la estabilidad y el crecimiento del país, entre ellos la escasez de dólares, las dificultades en el abastecimiento de carburantes, la falta de inversiones, el elevado gasto público y el riesgo de un colapso energético derivado de la insuficiencia de reservas hidrocarburíferas.
La máxima representación del empresariado boliviano sostuvo que el sector atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años, debido a la escasez de divisas, caída de la demanda interna, incremento de costos operativos, bloqueos, incertidumbre normativa y nuevas presiones laborales, factores que afectan especialmente al comercio, la industria, la construcción, el transporte, las exportaciones y las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de miles de familias bolivianas, particularmente de menores ingresos, debido al desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización económica.
La CEPB también alertó sobre el incremento de la conflictividad social y denunció que ciertos actores políticos están promoviendo escenarios de confrontación mediante discursos radicales, bloqueos y amenazas que afectan la recuperación económica y la convivencia democrática.
En el ámbito institucional, la entidad manifestó su preocupación por la paralización o anulación de normas aprobadas conforme a procedimientos constitucionales, señalando que este tipo de situaciones deteriora la seguridad jurídica y debilita la confianza necesaria para atraer inversiones y generar empleo.
También cuestionó la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar leyes fundamentales vinculadas a inversión, financiamiento externo, energía y reactivación productiva.
Frente a ese escenario, la CEPB planteó la elaboración de un plan nacional de emergencia económica integral, la conformación de un espacio permanente de diálogo técnico y político entre el sector público y privado, además de la apertura de debates estructurales sobre política laboral, recursos naturales, justicia y modernización del Estado.
Según señala el comunicado, “la emergencia económica es la cuestión más urgente a resolver”, y por ello proponen la conformación de un espacio técnico, jurídico y político, con participación del sector público, empresariado, instituciones de la sociedad, regiones y cooperación internacional, para viabilizar la aprobación de las leyes de inversión, hidrocarburos, minería, litio y energía.
La entidad también propuso fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el contrabando, y pidió la conformación de mecanismos de mediación para reducir la conflictividad social y garantizar el respeto a la ley.
La CEPB considera que es adecuada la Intervención de mediadores de entidades nacionales como la Defensoría del Pueblo o la Asamblea de DDHH, e internacionales como la oficina de NNUU en Bolivia, con experiencia en el manejo de conflictos complejos y cuya ya imparcialidad queda fuera de duda.
Finalmente, los empresarios privados reiteraron su disposición de apoyar todas las iniciativas orientadas a la estabilización económica, la recuperación productiva y la defensa de la institucionalidad democrática.
“Bolivia necesita acuerdos, certidumbre, responsabilidad y visión de futuro. Solo mediante el diálogo, el respeto a la ley y el trabajo conjunto será posible superar la crisis y construir un país con mayores oportunidades para todos”, señala el pronunciamiento.
Entre tanto, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), a través de un pronunciamiento, expresó su profunda preocupación ante los persistentes bloqueos de carreteras, las restricciones a la libre transitabilidad y las medidas de presión que vienen afectando gravemente el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales del país.
Asimismo, sostuvo que existen señales preocupantes de que ciertos intereses ajenos a las demandas sociales legitimas podrían estar contribuyendo a profundizar el conflicto y la inestabilidad, agravando aún más la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
La situación que actualmente enfrenta el departamento de La Paz está generando severas consecuencias para la economía nacional y departamental, afectando la producción, el abastecimiento, la logística, el transporte y la distribución de bienes e insumos esenciales.
Asimismo, pone en riesgo miles de fuentes de empleo y la sostenibilidad de empresas, emprendimientos y unidades productivas que diariamente contribuyen al desarrollo económico de Bolivia, sostiene la Federación.
Los bloqueos y el cerco afectan al departamento de La Paz. Esta situación está provocando un alarmante desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, impactando de manera directa a sectores productivos, industriales, turísticos, farmacéuticos, comerciales y de transporte nacional e internacional, entre otros.
Los bloqueos no solo ocasionan cuantiosas pérdidas económicas, sino que también vulneran derechos fundamentales de la población. Del mismo modo, afectan seriamente la imagen internacional de Bolivia, deteriorando su competitividad y credibilidad como destino de inversión, comercio y turismo.
Los empresarios paceños recordaron que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho al trabajo, a la libre circulación y al ejercicio de actividades económicas lícitas, así como la obligación del Estado de preservar el orden público, resguardar el bienestar de la población y garantizar el normal funcionamiento de los sectores productivos y de servicios.
Exhortan a los sectores movilizados, a priorizar el diálogo y la concertación como mecanismos democráticos para la resolución de conflictos, evitando medidas que profundicen la crisis económica y social del país.
Al Gobierno y a las autoridades competentes, a garantizar de manera inmediata y efectiva el libre tránsito en las carreteras y rutas estratégicas del país, resguardando la segundad de transportistas, trabajadores y operadores logísticos, sugirieron.