Bolivia ha iniciado un proceso que, en apariencia, apunta en la dirección correcta: simplificar trámites, eliminar requisitos redundantes y digitalizar servicios. Es un comienzo necesario, pero no suficiente. Porque la pregunta clave no es si el Estado se mueve más rápido. La pregunta es si toma mejores decisiones, y si las toma con base en evidencia. Ahí es donde empieza —y muchas veces termina— la verdadera mejora regulatoria: la que no solo agiliza, sino que transforma el sistema.
Más que simplificar: decidir mejor con
base en evidencia
Reducir requisitos genera resultados visibles. Mejora la experiencia del ciudadano, reduce costos y envía una señal política potente. Pero confundir estos avances con transformación estructural es un error. La simplificación administrativa elimina obstáculos visibles; la mejora regulatoria corrige la arquitectura que los produce. Y basta mirar algunos trámites reales para entender el problema. Para un permiso de viaje de un menor con un progenitor fallecido, se exige: presencia del apoderado, documento de identidad original y tres fotocopias, poder notarial con validaciones adicionales, certificado de defunción con traducción si corresponde, certificado de nacimiento con copias, fotografías del menor y del acompañante. El trámite no solo es complejo. Es redundante. El Estado pide información que, en muchos casos, ya posee o podría verificar.
Lo mismo ocurre con procesos como la transferencia de vehículos: múltiples pasos administrativos, documentos originales y fotocopias reiteradas, certificaciones de distintas entidades (Tránsito, notaría, DIPROVE), pagos fragmentados, verificaciones presenciales. O incluso con trámites básicos como renovar una cédula de identidad: certificado de nacimiento actualizado, documentos adicionales según estado civil, requisitos que dependen de situaciones personales. El problema no es solo la cantidad de requisitos —ya de por sí abusiva—, sino que nadie se ha preguntado sistemáticamente por qué existen.
El punto de quiebre: del trámite
al sistema
La mejora regulatoria exige un enfoque sistemático: ¿es necesario regular?, ¿qué opciones existen?, ¿cuáles son sus impactos?, ¿los trámites derivados son necesarios y proporcionales? A partir de ese marco, emerge la pregunta incómoda pero decisiva: ¿por qué existe este trámite? ¿Es realmente necesario y proporcional? Si no hay una respuesta clara, el problema no es el trámite. Es el sistema que lo generó. Este enfoque permite pasar de la acumulación a la decisión. Porque muchos requisitos responden a una lógica incremental: cada institución agrega controles, nadie elimina los anteriores, y el ciudadano asume el costo. Sin este análisis, el Estado no regula mejor. Solo acumula regulación. Con él, en cambio, se construye una visión integral: la mejora regulatoria define qué debe existir; la simplificación administrativa elimina lo que sobra.
El riesgo actual: velocidad sin dirección
Bolivia comienza a avanzar en digitalización y simplificación. Pero lo hace sin una arquitectura clara de mejora regulatoria. El resultado puede ser engañoso: trámites más rápidos, servicios digitalizados, menos filas, pero la misma complejidad estructural detrás. Un Estado más rápido no es necesariamente un Estado mejor. Digitalizar un proceso que exige tres fotocopias, certificados redundantes y validaciones múltiples no elimina el problema. Solo lo acelera.
Un sistema que reacciona, no que previene
Herramientas como “Reporta tu tranca” introducen participación ciudadana. Es útil. Pero revela una debilidad estructural: el sistema necesita que el ciudadano identifique los problemas. En un modelo maduro, esos problemas deberían haberse anticipado: mediante análisis de impacto regulatorio, evaluación de procesos, diseño centrado en el usuario. Cuando esto no ocurre, la participación deja de ser un complemento y se convierte en sustituto del análisis. Un sistema que depende del error para aprender no es un sistema de mejora regulatoria. Es un sistema de gestión de fallas.
Más allá de la economía: una visión integral
Otro límite del enfoque actual es su sesgo economicista. La simplificación se orienta principalmente a facilitar inversión o actividad productiva. Pero los ejemplos muestran algo distinto: adultos mayores enfrentan requisitos adicionales para cobrar beneficios, ciudadanos deben presentar documentos ya registrados en el Estado, trámites personales siguen dependiendo de múltiples certificaciones. La regulación no es solo económica. También define inclusión, equidad y acceso. No se trata de menos regulación, sino de mejor regulación.
La lección internacional: arquitectura,
no medidas
Los países que han avanzado en mejora regulatoria no lo hicieron eliminando requisitos de forma aislada. Construyeron sistemas. En Alemania, Canadá o Reino Unido, cada norma relevante debe pasar por: análisis de impacto, evaluación de alternativas, revisión técnica independiente. Incluso en la región, Perú ha avanzado en ordenar sus trámites mediante instrumentos estructurados y control institucional. La diferencia es clara: no gestionan trámites; gestionan decisiones regulatorias.
Lo que Bolivia necesita
Bolivia no necesita solo simplificar. Necesita construir un sistema de mejora regulatoria. Eso implica entre otros: eliminar duplicidades mediante interoperabilidad real, dejar de pedir información que el Estado ya tiene, introducir análisis de impacto regulatorio ex ante obligatorio, evaluar regulaciones existentes, y coordinar instituciones bajo una gobernanza regulatoria sólida y clara. Pero, sobre todo, implica cambiar la lógica: de cumplir requisitos a cuestionar su existencia de ser un Estado reactivo a ser un Estado preventivo.
Conclusión: el mapa importa
Bolivia ha empezado a moverse. Eso importa. Pero en mejora regulatoria, moverse no es suficiente: lo decisivo es saber hacia dónde. Los ejemplos lo dejan claro: el problema no es la cantidad de trámites, sino la lógica que los produce. Mientras esa lógica no cambie, la burocracia no desaparece: se reorganiza. Si la simplificación es el primer paso, la mejora regulatoria es el mapa completo. Sin ese mapa, el desenlace es predecible: trámites más rápidos, procesos digitalizados… y la misma complejidad de siempre, ahora mejor administrada. Y eso no es reforma. Es eficiencia sin transformación.
El autor es economista PhD, consultor internacional.