El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Boris Arias, se refirió al asesinato del exdecano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, hecho que calificó como un suceso que generó fuerte conmoción dentro del sistema judicial boliviano y que, a su criterio, expone problemas estructurales en materia de seguridad ciudadana y funcionamiento institucional del Estado.
Arias explicó en una entrevista en Radio Panamericana que el hecho se produjo en el marco de una actividad institucional en la que se encontraban reunidos jueces, secretarios y autoridades judiciales de distintas regiones del país, lo que incrementó el impacto de la noticia al interior del evento.
“Estábamos ese día, bueno, se estaban celebrando las olimpiadas del órgano judicial en la ciudad de Santa Cruz (…) entiendo que lo habrían perseguido y, bueno, después habrían puesto fin a su vida” manifestó.
El magistrado señaló que la reacción dentro del Órgano Judicial fue inmediata y de gran preocupación, debido a la presencia masiva de funcionarios que participaron de la actividad en la capital cruceña.
“Todos han quedado en el Órgano Judicial muy impactados (…) no solamente las altas autoridades, sino los jueces, secretarios (…) reciben esta ingrata noticia con mucha preocupación” señaló.
En ese contexto, Arias sostuvo que el análisis del impacto del hecho sobre la administración de justicia no puede separarse del avance de las investigaciones y del esclarecimiento completo de lo ocurrido. Según dijo, solo la determinación de responsabilidades permitirá dimensionar adecuadamente las consecuencias institucionales del caso.
Consultado sobre las posibles consecuencias institucionales del caso en la administración de justicia, Arias señaló que no le corresponde evaluar dicho impacto, aunque afirmó que cualquier conclusión dependerá del avance de la investigación.
En ese sentido, indicó que será clave esclarecer los hechos, identificar a los responsables y sus móviles, y que, en la medida en que ello se logre y se respete el debido proceso, se podrá comprender mejor lo ocurrido y responder a las preocupaciones planteadas.
Asimismo, el magistrado advirtió que la problemática no se limita al ámbito judicial, sino que involucra a otros sectores que también desarrollan funciones expuestas a riesgos, por lo que el enfoque debe ser integral desde la política pública del Estado.
“No solamente se trata de jueces y del órgano judicial, se trata de una política pública en el sentido de dar las condiciones para que todos podamos ejercer nuestras funciones, cualquiera sea esta, de asesor, de magistrado, de periodista, etcétera” afirmó.
Arias insistió en que la seguridad no puede abordarse únicamente desde medidas individuales o de protección directa a autoridades, sino como parte de una estrategia estatal más amplia vinculada a la seguridad ciudadana y al control del crimen organizado. En ese sentido, advirtió que cuando las instituciones son sobrepasadas, el riesgo se extiende a toda la población.
“Si el crimen organizado desborda el control de la policía de las instituciones ordinarias, entonces eso va a significar que no solamente los jueces se deben sentir inseguros, sino todos los ciudadanos”.
El magistrado planteó también la necesidad de una revisión profunda del funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación en el país, señalando que este análisis debe incluir la evaluación de su desempeño histórico.
“Se debe evaluar cómo funciona nuestra policía, nuestros servicios de inteligencia, cómo ha ido funcionando en los últimos 20 años, cuáles son los antecedentes”.
FALTA DE PROTOCOLOS
Uno de los puntos más críticos expuestos por el magistrado fue la ausencia de protocolos de seguridad dentro del sistema judicial, aspecto que, según afirmó, fue reconocido incluso en reuniones internas del Tribunal Constitucional. Esta situación, indicó, evidencia una debilidad institucional en materia de prevención y respuesta ante riesgos.
“En la última sala plena que tuvimos, vimos que no, no tenemos protocolos sobre la temática”.
Añadió que existe la necesidad de capacitación básica para funcionarios judiciales que se encuentran en situaciones de riesgo, lo que incluye no solo a magistrados, sino también a personal de apoyo.
“Se discutió sobre la necesidad de que, tanto magistrados como choferes y la gente que trabaja de manera cercana tengan algún tipo de capacitación por parte de la policía”.
IMPACTO INTERNACIONAL
Respecto al impacto internacional del caso, Arias reconoció que un hecho de estas características afecta la imagen del país, aunque señaló que la manera en que el Estado responda puede modificar esa percepción. En su criterio, la transparencia en la investigación es determinante.
“Entiendo que sobre la imagen del Estado boliviano no va a tener un impacto muy positivo”.
Sin embargo, sostuvo que una actuación institucional adecuada puede transformar el hecho en una oportunidad para fortalecer la confianza en el sistema judicial y en el Estado.
“Si se maneja con transparencia y claridad, y el órgano judicial está a la altura de la respuesta, condenando a los responsables, también es una gran oportunidad para mostrar que la institucionalidad en Bolivia ha mejorado”.
Finalmente, al referirse al debate sobre una posible reforma constitucional impulsada desde el ámbito político, el magistrado aclaró que el Tribunal Constitucional no participa en ese tipo de deliberaciones, ya que su función es aplicar la Constitución vigente mientras no sea modificada.
En esa línea, enfatizó que el rol del TCP se limita a garantizar el cumplimiento de la normativa actual.
“Los jueces lo que hacen es aplicar la Constitución y la ley (…) mientras no haya reforma, se va a tener que seguir cumpliendo la Constitución vigente”.
El magistrado concluyó que cualquier proceso de reforma debe surgir de una deliberación amplia y plural que involucre a distintos sectores de la sociedad, en el marco del derecho de la población al autogobierno y a definir su marco constitucional.