Abrogación de normas provoca inseguridad jurídica en el país

Después que el Gobierno anunció que apoyará la abrogación de la Ley 1720, exigido por indígenas de Pando y Beni, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) lamenta la decisión y señala que este tipo de medidas provoca inseguridad jurídica.
La Cámara Nacional de Industrias, a través de un comunicado, expresa su pleno y fundamentado respaldo al sector agropecuario y forestal de Bolivia, ante el elevado clima de inseguridad jurídica e incertidumbre que afecta a la iniciativa privada, generado por la anunciada intención de abrogar la Ley N° 1720 y la promulgación del Decreto Supremo N° 5613. Dicha intención, de materializarse, vulneraría principios elementales de seguridad jurídica para la inversión privada nacional e internacional.
El sector industrial respalda integralmente la posición sostenida por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y por los productores agrupados en la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro).
La Ley N° 1720 constituye un cuerpo normativo técnicamente necesario, puesto que resuelve un problema estructural identificado: el de los pequeños productores con derecho propietario titulado que, por carencias en la regulación, no lograban acceder a financiamiento formal, inversión en capital de trabajo, producción, ni a mercados formales. La vigencia de esta norma permitirá incorporar a miles de unidades productivas familiares y comunitarias a la economía formal, dinamizando cadenas productivas, exportaciones y el empleo, señala el comunicado.
Los industriales ratifican que el respeto del Órgano Ejecutivo y Legislativo a las leyes legítimamente aprobadas como la Ley N° 1720, es condición sine qua non para la seguridad jurídica, la estabilidad de las reglas de juego y la atracción de inversión privada nacional e internacional.