La reunión de hace unos días entre los gobernadores recientemente electos, quienes fueron convocados por el presidente Rodrigo Paz Pereira, no ocurre en un escenario normal, ocurre en un país con economía semiparalizada, instituciones debilitadas y creciente conflictividad social.
En ese contexto, el planteamiento del 50/50 suena justo, pero también encierra una verdad incómoda, repartir más recursos en un Estado sin control es, en los hechos, institucionalizar la corrupción.
El problema no es la plata, es el sistema, Bolivia no está fallando por falta de normas. La Constitución Política del Estado de Bolivia, la Ley 1178 -SAFCO- y el Código Penal de Bolivia establecen reglas claras.
El problema es otro: no se cumplen y cuando la ley no se cumple, el presupuesto se convierte en botín. A manera de ejemplo, YPFB se encuentra en terapia intensiva y las alcaldías en un manto de transición oscura, la evidencia ya está sobre la mesa.
No hace falta especular, se advierte falta de control, opacidad y señales claras de corrupción.
No son excepciones, son el síntoma de un sistema que no funciona, sin depuración previa, no hay legalidad. Antes de hablar de recursos, hay que hablar de personas, designar autoridades sin verificar antecedentes es abrir la puerta al daño económico y eso tiene nombre jurídico: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La idoneidad no se la presume, se la prueba.
Sin información, el ciudadano está ciego.
El llamado “control social” hoy es, en gran medida, decorativo. Sin acceso real a la información gubernamental, contratos, ejecución presupuestaria y decisiones públicas, en el actual escenario el ciudadano nada controla.
Cuando no hay control, lo que hay es discrecionalidad. El mundo ya resolvió esto. Bolivia NO, países como Taiwán, Corea del Sur y Chile operan con una lógica simple. todo se publica, todo se rastrea y todo se controla.
Dicho sea de paso, en Bolivia existen leyes para todo, lo que falla son los operadores de justicia.
Aquí ocurre lo contrario: lo importante se oculta, lo sensible se demora y lo irregular se diluye. La raíz: una crisis moral.
Como advierte Humberto Palza Soliz: el sistema no falla, solo fallan quienes lo operan.
Bolivia no enfrenta solo una crisis económica o institucional, enfrenta una crisis de valores en la función pública.
El 50/50 puede ser una solución técnica. pero en las condiciones actuales, también puede ser algo mucho más grave: una redistribución nacional de la corrupción.
Si no hay control, no hay transparencia, no hay ética pública, el resultado no será un Estado más justo, será un Estado donde simplemente hay más dinero para hacer lo mismo de siempre.
El autor es diplomático de carrera y politólogo.