Hace poco el presidente Rodrigo Paz ha promulgado una importante ley agraria que devuelve a miles de campesinos parcelarios y de comunidades originarias la opción de que puedan vender sus pequeñas propiedades de tierra. La disposición legal, denominada ley 1720, que establece la conversión de la propiedad de la tierra, de pequeña a mediana, tiene extraordinaria relevancia, pues reitera la aplicación de los decretos de Trujillo y Cusco, de 1824, y la Ley de Reforma Agraria del año 1953 en Bolivia.
La ley agraria 1720 puso fin a la disposición que prohibía la venta de esas tierras, incorporada en la Constitución Política del año 2009, puesta en aplicación por el régimen reaccionario de Evo Morales Ayma. Pese a proclamarse indígena, Morales dio curso a ese veto a la venta de tierras, contra los campesinos e indígenas a los que llamaba demagógicamente sus “hermanos”, pero, en realidad, los estaba traicionando.
Esta actual ley se refiere a la conversión de la propiedad pequeña en propiedad mediana, pero se requiere mayores detalles al respecto, para evitar versiones que causen confusión. En esa forma, se necesita explicar en detalle el contenido del concepto de la conversión del terreno, pues esa definición abarca mucho más de lo que aparenta, como que significa la devolución a millones de campesinos de la condición de ciudadanos activos, les otorga dignidad y los hace propietarios de la tierra. Es decir que les permite obtener renta, mayores ganancias y vivir como seres humanos.
Por su carácter democrático, esta ley merece el apoyo de toda la población. Es más, en particular el de los trabajadores del campo, no solo por los beneficios que conlleva, sino por principio. Es más, los campesinos deben esforzarse para que la disposición legal sea ampliada y no se quede en vagos conceptos que no tienen valor alguno.
La lucha desde la población para que sea levantada la prohibición a la venta de tierras por parte de campesinos ha durado más de veinte años y, por fin, con la ley 1720 se ha llegado al resultado esperado. Pero, es preciso que esta ley no se quede es términos genéricos, sino que su aplicación debe ser comprobada en los hechos para que, en esa forma, tenga validez. Ante todo, para probar que es correcta, objetivo que comprobarán los beneficiarios en los sectores rurales. En general, el apoyo a esa norma debe ser firme y se tiene que dejar de lado propuestas demagógicas. Con la nueva ley promulgada por el presidente Paz, muchos campesinos podrán ser beneficiados con créditos, obtener rentas, hacer realidad la conversión de sus tierras, de pequeñas en medianas, que antes eran parcelas de miseria.
Por todo ello queda esperar que mejore la situación de los agricultores, particularmente en el occidente, para que aumenten su producción y llegue a los mercados de abasto, hoy llenos con productos que ingresan por contrabando.