El abogado constitucionalista y vocero de Nueva Generación Patriótica (NGP), José Carlos Sánchez, afirmó que el proceso de cancelación de la sigla no corre riesgo, ya que no se cumplen los criterios establecidos en la ley electoral.
Sanchez sostuvo que, hasta el momento, el partido no ha sido notificado oficialmente y remarcó que, conforme a la normativa vigente, “ni siquiera deberían aperturar ese proceso administrativo”, al considerar que no se configura ninguna causal que justifique una sanción de ese tipo.
En ese sentido, cuestionó que el anuncio se haya realizado a través de medios de comunicación antes de una notificación formal y planteó dudas sobre los motivos reales detrás de la decisión. “A ciencia cierta vamos a saber cuando nos notifiquen (…) cuál es el motivo por el que quieren intentar sancionar al partido”, señaló.
Respecto a uno de los argumentos que circula públicamente —la supuesta inasistencia a dos procesos electorales consecutivos—, aclaró que esta figura no aplica en el caso de NGP, debido a su condición de partido nuevo. Explicó que la organización no participó en una elección nacional anterior tras la inhabilitación de su candidato presidencial, lo que, aseguró, está contemplado dentro de sus derechos.
Asimismo, indicó que el cómputo de participación electoral debe realizarse en función del alcance del partido, es decir, si es de carácter nacional o departamental. Bajo ese criterio, afirmó que NGP no estaba obligado a participar en elecciones subnacionales y que su siguiente compromiso sería en una elección nacional.
El entrevistado también sostuvo que la normativa electoral vigente no establece de manera explícita la obligatoriedad de participar en una segunda vuelta, particularmente en el ámbito departamental, lo que —según su interpretación— refuerza la falta de sustento para cualquier sanción.
En esa línea, advirtió una aparente contradicción en la postura del TSE, al señalar que, por un lado, se reconoce que la organización actuó conforme a la norma al declinar su participación, pero, por otro, se plantea una posible sanción por esa misma acción.
Finalmente, consideró que el órgano electoral deberá revisar la normativa y la jurisprudencia antes de avanzar con cualquier proceso, e incluso no descartó que el trámite administrativo no llegue a concretarse.