En la doctrina del derecho constitucional, el peor escenario para un sistema democrático no es una contienda electoral reñida, sino una elección deliberadamente abortada por el cálculo mercantil de los llamados “taxipartidos”. Cuando la pugna por el poder territorial se resuelve por la deserción calculada de un contendiente y no por el veredicto inapelable de las urnas, el mandato del vencedor nace con una deficiencia congénita de legitimidad. Esta es exactamente la anomalía jurídica e institucional que acaba de consumarse en el departamento de La Paz.
La sorpresiva declinatoria del partido NGP a participar en la segunda vuelta electoral y la consecuente designación automática de Luis Revilla como Gobernador representan un triunfo técnico incuestionable, pero una derrota sistémica para nuestro modelo representativo. Desde la estricta hermenéutica legal, Revilla asumirá el cargo amparado por la Ley 026 del Régimen Electoral. Si un contendiente tira la toalla, el otro asume por victoria por incomparecencia; la legalidad del acto es innegable.
Sin embargo, como analistas, es nuestra obligación señalar que esta híper-legalidad sirve de camuflaje para una profunda perversión institucional. Lo legal no siempre es democráticamente legítimo, y lo que presenciamos es la castración del derecho ciudadano a dirimir el poder en las urnas, secuestrado por siglas que operan como franquicias. El balotaje no es un simple trámite administrativo que las cúpulas puedan anular a su conveniencia; es un mandato imperativo diseñado para construir mayorías y garantizar la gobernabilidad. Al declinar su participación, NGP desnudó la miseria de los «taxipartidos», organizaciones sin estructura que negocian su retirada a cambio de presuntas cuotas de poder futuras, tratando al electorado como simple mercancía. El resultado es un gobierno departamental jurídicamente blindado, pero socialmente huérfano.
Revilla asume la Gobernación arrastrando el estigma ineludible de la «victoria por abandono», lo que se traduce en debilidad institucional crónica. Un gobernador que no ha sido validado en la prueba de fuego de la segunda vuelta carece del capital político indispensable para imponer reformas locales o contener a los beligerantes movimientos sociales. Si bien contará con el respaldo de un pacto político con el nivel central, esta alianza, nacida de la coyuntura y no de una victoria arrolladora, lo convierte en un socio subordinado. Ante la falta de peso electoral propio, corre el riesgo de ser percibido más como un delegado presidencial de facto que como un verdadero líder autonómico.
La suspicacia en las calles es justificada: el ciudadano siente que le confiscaron su voto para acomodar una transición de pasillo. Esta orfandad deja a la nueva Gobernación a merced de una Asamblea Departamental donde la extorsión legislativa será la regla. Este precedente paceño trasciende lo local y abre una peligrosa puerta a nivel nacional, donde futuros candidatos podrían replicar este modelo de renuncia, desvirtuando comicios en todo el país. Es vital reflexionar sobre cómo el cálculo de una sigla vulnera el sistema. Por ello, la ley debe modificarse para tomar medidas más extremas contra este tipo de actos.
La Paz enfrenta el desafío de una gestión que inicia amparada en un vacío normativo. Ante este escenario, la recomendación para el nuevo gobernador es clara: deberá dedicarse a construir, desde el consenso y la transparencia, la legitimidad que esta elección abortada no le otorgó. La legalidad te entrega las llaves del despacho, pero solo el respaldo ciudadano permite gobernar con autonomía y estabilidad.
El autor es abogado.