En la estructura jurídica del Estado, existen dos tipos de bienes: los privados y los públicos. Éstos últimos son todos los bienes que pertenecen al Estado, es decir a toda la población, comenzando por el territorio y sus recursos naturales, aunque, en última instancia, todos los bienes se consideran del Estado, porque están dentro de su soberanía territorial y debe defenderlos. Así, si una persona al fallecer no tiene herederos, sus bienes pasan a propiedad estatal, como ha sucedido con los bienes de la señora Agramonte, que dejó una importante cantidad de bienes inmuebles en la ciudad de La Paz, que pasaron al Estado, donde se han instalado varias oficinas públicas. Y se creó una fundación para administrar la fortuna que dejó, la misma que ha desaparecido en cuanto a bienes muebles, y algunos inmuebles están en poder de terceras personas.
En nuestro medio, la gente tiene una mala concepción de lo que son los bienes públicos, y suele pensar que lo que es del Estado, puede ser destrozado, apropiado, darle mal uso, como sucede con frecuencia. Por ejemplo, las reiteradas medidas de protesta en las vías públicas, acaban con destrozos de bienes públicos, es decir de propiedad de todos, cuando como propietarios debemos cuidarlos y conservarlos.
El gobierno nacional y los subnacionales, son administradores de los bienes públicos, no son propietarios, pues éstos son de toda la población. Pero sucede que los malos gobiernos hacen mala administración de esos bienes, y los empleados del gobierno cometen actos de corrupción en la administración de bienes públicos. Recuerdo que un automóvil de la presidencia durante el gobierno de Hernando Siles Reyes estuvo en la casa de un individuo de apellido Bristot, en la Av. Busch de Miraflores. Éste que era mecánico, se quedó con el recio automóvil que seguramente estaba en su taller, el día del levantamiento que derrocó a ese presidente. Igualmente, empleados de la oficina de bienes del Estado del ex Ministerio de Finanzas, vendieron a extranjeros, los dos vehículos de la presidencia de la República, de marca Cadillac, uno de ellos blindado, que usaron los presidentes del período de la Revolución Nacional, en tres mil dólares.
Hace unos días se denunció en las redes sociales, que en el último decenio, más de 70 vehículos decomisados a supuestos narcotraficantes y otros, que estaban en poder de DIRCABI (oficina dependiente del Ministerio de Gobierno para custodiar los bienes decomisados) habrían desaparecido, y de los bienes inmuebles, nada se dice. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los bienes del acusado por narcotráfico Marset, en especial los bienes y valores muebles, han desparecido, de tal suerte que ese individuo no tenía ni diez pesos para comprar pan para su desayuno, sus cajas fuertes estaban vacías.
En el barrio paceño de San Miguel, desde hace más de 60 años, funciona el Instituto de Rehabilitación de la Caja Nacional de Salud, en un predio de una hectárea. Hace poco, unos mil o más metros, fueron cercados por un particular, con el argumento de que habían constatado que esos metros eran un excedente a favor del primitivo propietario, cuando los bienes de la Seguridad Social son considerados bienes públicos. ¿Qué juez conoció de esta apropiación y favoreció al supuesto reclamante de propiedad? En la Av. Costanera de Calacoto, hace años había un lote vacío en una esquina, hace poco fue cercado y ahora es una compra venta de automóviles, cuando la Alcaldía pudo convertir ese predio en área verde. Muchos bienes incautados por Impuestos Nacionales y otras instancias del aparato administrativo del Estado, han sido echados al olvido y depredados, cuando debería elaborarse una disposición legal que disponga que estos bienes sean administrados por un interventor y sigan en funcionamiento, como el Hotel Plaza en El Prado, el hotel en los Yungas del ex Prefecto “Chito Valle” y otros en diversos lugares, que han sido abandonados.
En el largo gobierno del populismo al socialismo, se repartieron bienes muebles e inmuebles, recursos económicos y valores, a organizaciones sindicales, adictas al pasado régimen, cuando las normas de administración y control fiscal, prohíben la disposición de bienes públicos a particulares, salvo norma legal expresa.
La corrupción, la mala administración, el descuido y abandono interesado de bienes públicos, son atentados contra los intereses del Estado, los intereses de todos los bolivianos, y son un factor de empobrecimiento del Tesoro Público, que requiere recursos, para volcarlos en servicio de la colectividad.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.