Justicia parcializada: entre privilegio y vandalismo

En Bolivia, el concepto de justicia ha sufrido una metamorfosis. Bajo el paraguas del llamado Proceso de Cambio, se ha instalado un relato que divide a los ciudadanos no entre inocentes y culpables, sino entre “oprimidos” y “opresores”. Esta lógica, lejos de democratizar el acceso a la ley, ha creado un sistema de impunidad selectiva donde ciertos colectivos, amparándose en su supuesta condición de “humildes” o “vanguardias sociales”, gozan de una licencia tácita para pisotear el ornato público y la memoria histórica sin consecuencia alguna.
El caso del colectivo Mujeres Creando es el ejemplo más nítido de esta distorsión. Lo que en cualquier Estado de derecho se tipifica como daño al patrimonio público o vandalismo, en su retórica es rebautizado como “intervención urbana”. Bajo este eufemismo, el grupo ha realizado pintarrajeados y pegado de carteles en fachadas de instituciones públicas y monumentos nacionales. La pasividad de la justicia boliviana ante estos actos no ha sido un gesto de tolerancia democrática, sino una confesión de parcialidad. Al permitir que un grupo específico actúe por encima de la normativa, se envía el mensaje de que la ley es elástica para quienes ostentan el discurso políticamente correcto.
La degradación del espacio público paceño refleja esta crisis de autoridad. El monumento a Cristóbal Colón en El Prado ha sido objeto de ataques sistemáticos: desde pintura negra hasta mutilaciones físicas en su estructura. A pesar de los anuncios de querellas por parte del GAMLP, los responsables suelen desvanecerse en la nebulosa judicial. El argumento del “pasado colonial” se utiliza como un salvoconducto para la barbarie, ignorando que el patrimonio es de todos los bolivianos, no un lienzo para el desahogo ideológico de unos pocos.
Este patrón se repitió dolorosamente este pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La estatua del Mariscal Antonio José de Sucre, ubicada en la Plaza del Estudiante, amaneció vandalizada con grafitis y panfletos. Es una ironía trágica que, para reivindicar derechos, se ultraje la imagen de quien fue arquitecto de la independencia y la ley en nuestra República. Según reportes locales, la Alcaldía paceña ha vuelto a denunciar estos actos como vandálicos, pero la experiencia nos dice que la justicia, “parcializada con los humildes”, rara vez actúa con rigor cuando los victimarios son aliados de la narrativa oficial.
La justicia en Bolivia ha pasado de ser un árbitro imparcial a un instrumento de validación política. Cuando se permite que el “sentimiento de opresión” justifique el daño a la propiedad común, se rompe el contrato social. No puede haber una justicia para los “pobres” que perdone el delito y otra para el resto que lo castigue; eso no es inclusión, es privilegio sectario.
Si Bolivia quiere reconstruir su institucionalidad, debe empezar por aplicar la ley sin adjetivos. El respeto al ornato público y a nuestros próceres es el piso mínimo de convivencia. Mientras la impunidad siga siendo el premio para quienes gritan más fuerte o vandalizan con “causas justas”, la justicia seguirá siendo, tristemente, una quimera al servicio del poder y el desorden.