Con la sexta edición de su Índice Chapultepec 2025, la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), entidad a la cual pertenece la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), advirtió un “deterioro dramático” de las condiciones para ejercer el periodismo y la libertad de expresión en las Américas, región que llegó a registrar un promedio de 47,13 sobre 100, el puntaje más bajo desde la creación del informe.
En palabras del director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría, estos resultados confirman un “deterioro significativo tanto en regímenes autoritarios como en democracias consolidadas” de la región, como el reflejo de una tendencia marcada por presiones políticas, violencia, acoso judicial y riesgos para el libre ejercicio del periodismo. Este deterioro no distingue ideologías políticas, pues se presentó en distintos sistemas de gobierno a lo largo del continente.
El informe advierte que ocho naciones de los 23 países incluidos se encuentran en la franja de “alta restricción”, entre ellas Bolivia (37,12), junto con Ecuador (38,42), Honduras (35,64), Perú (35,64), México (34,90), Haití (29,02), Cuba (26,72) y El Salvador (24,49). Los autores calificaron el 2025 como uno de los peores años para el periodismo en la región, debido a los niveles de violencia ejercida y la impunidad agravada en contra de los trabajadores de la prensa.
Aunque República Dominicana lidera el primer lugar con 82,17 puntos, la SIP advirtió que incluso en este país –considerado el único refugio de la prensa libre en las Américas– existe una especie de “mordaza silenciosa” relacionada al manejo discrecional de la publicidad estatal. En el podio le siguen Chile (77,22), Canadá (74,48), Brasil (72,14) y Uruguay (68,78).
Incluso Estados Unidos (454,87) sufrió un descenso del cuarto al undécimo puesto en 2025, tras registrar 170 agresiones a periodistas en ese año y luego de evidenciarse mayor estigmatización por parte del gobierno de Donald Trump, así como la eliminación de protecciones legales, despido de más de 500 empleados y el fin de financiamiento de espacios en medios de servicio público.
El extremo opuesto, considerado la zona roja del autoritarismo pleno contra la prensa, es ocupado por Nicaragua (18,22) y Venezuela (7,02), un país donde la situación es particularmente dramática: tras las polémicas elecciones de 2024, se denunció el cierre de más de 400 emisoras y la detención de al menos 25 periodistas, confirmando un “apagón informativo” severo en el país bolivariano.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, subrayó que persiste la proliferación de discursos y prácticas autoritarias que pretenden señalar a la prensa como su principal enemigo para evadir la rendición de cuentas y debilitar el escrutinio público.
BOLIVIA
En cuanto a la situación del país, el informe destaca que las debilitadas libertades de prensa y expresión en naciones con “alta restricción” corren riesgo de seguir siendo sistemáticamente erosionadas. Aunque el país subió ligeramente de posiciones respecto al año anterior, el puntaje nacional evidencia una situación desfavorable para las garantías del libre trabajo periodístico.
Bolivia obtuvo 7,67 puntos sobre 30, en cuanto al nivel de ciudadanía informada y en libertad de expresarse; 14,68 puntos sobre 40, en cuanto a acciones del Estado en contra de la violencia y la impunidad contra la prensa; y 14,50 sobre 30, respecto al control de medios, sumando en total 37,12 puntos sobre 100 y ubicándose en el puesto 15.
“Bajo el gobierno de Luis Arce, la sostenibilidad de los medios ha padecido la discriminación en las pautas publicitarias, la fiscalización y sanciones tributarias –como represalia a las críticas– y el lenguaje de estigmatización a la prensa independiente, a veces agredida en las calles por simpatizantes del gobierno, que actúan bajo un clima de impunidad”, señala el informe de la SIP.
El jurado evaluador en Bolivia concluye que, en 2025, el Órgano Ejecutivo fue la instancia del Estado con mayor influencia en situaciones adversas para las libertades de expresión y de prensa, mientras que el Legislativo, aunque promovió mecanismos de protección al gremio, fue señalado de “engavetar” varios proyectos de ley y de haber ensayado una iniciativa que buscaba establecer controles sobre los profesionales de la comunicación.
El poder Judicial, por su parte, se colocó al lado de denuncias contra periodistas por publicar contenidos contrarios a autoridades locales o grupos de poder económico. El informe agregó que “periodistas de investigación denunciaron ser víctimas de ciberacoso mediante la creación de cuentas falsas que emprenden campañas de desprestigio y amenazas”, mientras que la autocensura de otros periodistas también fue provocada por su vulnerabilidad económica.