El director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de El Alto, Cristian Chipana, señaló que esa instancia acompaña el caso del presunto triple intento de infanticidio en grado de tentativa que se suscitó los pasados días en esa urbe, mediante abordaje psicosocial con el progenitor, además de brindar todo el apoyo legal para esclarecer el hecho.
“El área social se ha entrevistado con él (padre), nos ha brindado mayores datos y lo hemos remitido ante el Ministerio Público. El municipio hará seguimiento constante a este caso a efectos de lograr una justicia pronta y oportuna para los niños”, sostuvo el funcionario municipal.
Las víctimas son tres menores de edad, dos niñas y un niño de 11, 5 y 4 años, respectivamente. Los menores de edad se encuentran internados en el Hospital del Norte con diagnóstico reservado. El municipio de El Alto, junto al Ministerio Público, realiza las investigaciones correspondientes para dar con la responsable del hecho, quien se presume sería su progenitora, de 32 años, que sigue prófuga.
Chipana recordó que todos los servicios que brinda el municipio a la población, ya sean legales, de trabajo social o psicológicos, entre otros, son gratuitos.
Respecto al caso, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Henry Pinto, informó que las primeras investigaciones apuntan a que los niños habrían sido inducidos a consumir una sustancia venenosa. Además, presentaban lesiones en las muñecas.
Al parecer, el hecho fue descubierto gracias a un vecino quien escuchó los gritos de auxilio de uno de los menores de edad y acudió al inmueble. El reporte policial indica que los menores de edad están en proceso de recuperación, aunque su estado aún es considerado delicado.
Recalcó que aún buscan a la madre de los niños, quien es la principal sospechosa de haber causado el estado de salud de los niños.
OTRO CASO
Por otra parte, respecto al caso de infanticidio de una menor de 16 años registrado la pasada semana, Chipana señaló que el acusado del hecho fue enviado al penal de Chonchocoro con detención preventiva por seis meses. Sin embargo, el municipio realizará el seguimiento correspondiente para que el acusado reciba la sanción de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
“Cabe resaltar que la Defensoría continuará con el seguimiento de este caso hasta llegar al juicio oral y que la autoridad competente determine 30 años de cárcel sin derecho a indulto para este sujeto”, apuntó.