La guerra en torno a Irán y la amenaza de interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz han reactivado uno de los mecanismos más rápidos de transmisión de crisis en la economía mundial: el shock energético. Por ese corredor marítimo circula cerca del 20 % del petróleo comercializado globalmente. Cuando ese flujo se ve amenazado, los mercados reaccionan de inmediato. El precio del petróleo sube, el gas se encarece y el costo de la energía se transmite rápidamente a toda la economía global.
El impacto ya comienza a sentirse en Sudamérica. Perú, por ejemplo, enfrenta tensiones en el abastecimiento de gas y presiones al alza en los precios de los combustibles. Chile y Uruguay, altamente dependientes de importaciones energéticas, experimentan aumentos directos en el costo de la energía que se trasladan al transporte y a la inflación. Argentina, a pesar de Vaca Muerta, todavía necesita recurrir al mercado internacional de gas para cubrir sus picos de consumo. Cuando la guerra en Medio Oriente tensiona el suministro global de GNL, cada cargamento se vuelve más caro y obliga al país a gastar más divisas para garantizar el abastecimiento. Bolivia, que durante años fue el proveedor regional de gas, enfrenta hoy una producción declinante que ha reducido sus exportaciones. El resultado es un cambio silencioso en la geografía energética del Cono Sur: lo que antes era un sistema regional relativamente estable depende ahora cada vez más de un mercado global marcado por conflictos geopolíticos y precios impredecibles.
El mecanismo es siempre el mismo: cuando sube el precio internacional del petróleo, las economías importadoras enfrentan presiones simultáneas sobre tres frentes críticos —balanza externa, inflación interna y cuentas fiscales—. Ningún país queda completamente aislado de ese efecto, incluso aquellos que poseen recursos energéticos propios.
Bolivia enfrenta ese shock externo en una situación particularmente vulnerable. Durante casi dos décadas el país sostuvo su estabilidad energética sobre tres pilares: exportaciones abundantes de gas, precios internos subsidiados y un flujo relativamente estable de divisas. Ese equilibrio hoy se ha debilitado. La producción de gas ha caído, las reservas internacionales se han reducido y el sistema de subsidios a los hidrocarburos se ha convertido en una carga fiscal cada vez más pesada.
En este contexto se aprobó el Decreto Supremo 5516, que inició una reducción parcial de los subsidios a los combustibles con el objetivo de aliviar la presión sobre las cuentas públicas. La lógica económica era clara: disminuir gradualmente el costo fiscal del subsidio sin provocar un shock inmediato sobre los consumidores.
Sin embargo, el nuevo escenario internacional altera profundamente esa ecuación. Cuando el precio internacional del petróleo sube abruptamente, el ahorro fiscal generado por la reducción del subsidio se reduce o incluso desaparece. El Estado puede estar subsidiando menos por litro en términos relativos, pero el costo total vuelve a aumentar porque el precio base del combustible es mayor.
En otras palabras, una crisis geopolítica en Medio Oriente puede neutralizar parte del ajuste fiscal que Bolivia intentaba introducir en su política energética.
Pero el problema no es solo coyuntural. También es el resultado de decisiones estructurales acumuladas durante la última década. Mientras otros países de la región ampliaban exploración e inversiones en hidrocarburos, Bolivia redujo significativamente la inversión en exploración gasífera. Los grandes descubrimientos que sostuvieron el auge exportador de los años 2000 no fueron reemplazados por nuevos desarrollos de similar escala.
La razón no fue geológica, sino política. Durante años se privilegió una narrativa ideológica sobre la lógica económica de inversión y exploración. La ideología no genera pan ni divisas; solo posterga decisiones que luego se pagan con escasez. Sin inversión en nuevos campos de gas no hay producción futura, y sin producción no hay exportaciones ni ingresos fiscales que sostengan el desarrollo social.
Esa falta de inversión es hoy una oportunidad perdida con consecuencias directas. Menor producción implica menores exportaciones, menor ingreso de divisas y mayor dependencia de importaciones de combustibles refinados. En un contexto de precios internacionales altos, esa dependencia se vuelve especialmente costosa.
El resultado es una paradoja energética cada vez más visible: un país con tradición gasífera, con creciente dependencia de combustibles importados.
Para el consumidor boliviano, los efectos comienzan a aparecer de manera indirecta, pero persistente. El aumento de los costos energéticos se transmite al transporte, a la producción agrícola, a la industria y, finalmente, al precio de los alimentos. Incluso con precios regulados en surtidores, la energía más cara termina filtrándose por toda la estructura de costos de la economía. También aparece un segundo riesgo: la presión sobre el abastecimiento. Cuando el financiamiento de importaciones se vuelve más difícil —ya sea por precios altos o por restricciones de divisas— pueden aparecer episodios de escasez o tensiones logísticas en la distribución de combustibles.
Todo esto coloca nuevamente en el centro del debate la política energética del país. El shock provocado por la guerra con Irán no crea la vulnerabilidad boliviana, pero sí la expone con crudeza.
El desafío ya no es únicamente administrar subsidios o ajustar precios. El verdadero desafío es redefinir el modelo energético: recuperar inversión en exploración de gas, restablecer condiciones para atraer capital y tecnología, diversificar fuentes de energía y reducir la dependencia estructural de combustibles importados.
La geopolítica energética mundial puede cambiar en cuestión de semanas. La construcción de seguridad energética, en cambio, requiere años de decisiones estratégicas. Bolivia comienza ahora a enfrentar el costo económico y político de haber postergado esas decisiones durante demasiado tiempo.
El autor es economista PhD, Consultor internacional.