Huelga armada del Ejército de Liberación Nacional, ataques con drones, enfrentamientos con disidentes de las FARC… La violencia en Colombia no dejó de intensificarse desde el año pasado. A pocos días de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo, el presidente, Gustavo Petro, se ve obligado a reforzar su política de seguridad.
Este año, el número de víctimas está aumentando, al igual que las repercusiones políticas, sociales y económicas. En período electoral, se superponen varias formas de violencia en Colombia.
En primer lugar, está la llamada violencia «estructural», la que se deriva de las actividades de las organizaciones criminales, entre las que destaca el tráfico de drogas. A esta violencia persistente se suma la directamente relacionada con las elecciones. El año pasado se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra responsables políticos.
POLICÍAS MOVILIZADOS
«El segundo elemento es la forma en que los grupos armados también ejercen una forma de violencia para intervenir en las elecciones, con el fin de controlar qué candidato o candidata puede presentarse o no», agregó Francisco Daza, investigador y coordinador especialista en paz y derechos humanos de la fundación PARES.
«Con la política de ´paz total`, este año, diferentes grupos armados han anunciado que respetarán las elecciones y dejarán votar a los ciudadanos. Pero, evidentemente, estos anuncios están condicionados a los acuerdos con el Gobierno y a las negociaciones en curso con cada grupo armado», afirmó el investigador.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un alto el fuego durante las elecciones. Más de 120 000 policías se movilizarán para garantizar la seguridad en 81 ciudades. Y, por primera vez, se cerrarán las fronteras terrestres y fluviales entre Colombia y los países vecinos.(RFI)