Nos aproximamos a una nueva jornada electoral el 22 de marzo de 2025, en la que se ve una paradoja: mientras la proliferación de partidos y candidatos sugiere una aparente vitalidad democrática, la experiencia acumulada revela un patrón estructural de oportunismo y corrupción. Esta atomización política –entendida como la fragmentación extrema en organizaciones de escasa representatividad– ha dejado de ser una excepción para convertirse en una constante de nuestra política. El problema central no es la cantidad de postulantes, sino la calidad de sus motivaciones, donde la búsqueda de un espacio laboral remunerado suele imponerse sobre cualquier proyecto genuino de transformación local.
El concepto de atomización ha sido estudiado por Sartori (2005) como un indicador crítico de debilidad institucional, los sistemas fragmentados tienden a producir inestabilidad y desplazan la política desde la deliberación ideológica hacia el clientelismo y el personalismo.
Mainwaring y Scully (1995) sostienen que la institucionalización de los partidos es condición necesaria para la estabilidad democrática, y que su ausencia favorece liderazgos personalistas vinculados a prácticas corruptas. Esta advertencia conserva plena vigencia, donde muchas de las nuevas organizaciones políticas carecen de estructura, programa o trayectoria verificable de servicio público. En este escenario, la aparición masiva de candidatos que se presentan como “renovadores” u outsiders suele ser un espejismo; la renovación de rostros no implica automáticamente una renovación de prácticas, si se mantienen las mismas lógicas patrimonialistas.
O’Donnell (1994) acuñó el término “democracia delegativa” para describir sistemas donde el voto funciona como una delegación total de poder sin mecanismos efectivos de control. Bajo esta lógica, el gobernante electo se percibe como el único intérprete del interés general, actuando con escasa sujeción a la legalidad. Esta tendencia se reproduce con intensidad, donde los controles son más débiles y la ciudadanía es más vulnerable a promesas vacías.
Oszlak (2020) ha analizado la patrimonialización del cargo público –la confusión entre recursos estatales y propios– como el mecanismo central de la corrupción cotidiana. Esto se manifiesta en la asignación de contratos a empresas vinculadas y el uso de logística estatal para fines partidarios. La duración de cinco años del mandato agrava el problema, pues otorga al funcionario un horizonte temporal suficiente para consolidar sus redes de beneficio personal, antes de que la ciudadanía pueda reaccionar efectivamente a través del voto en el siguiente ciclo electoral.
Para enfrentar este panorama, la ciudadanía no puede limitarse a ser una espectadora pasiva de la oferta electoral. Diamond y Morlino (2004) proponen que la calidad democrática se mide por el accountability vertical (voto) y horizontal (instituciones de fiscalización). Ambas formas de control son necesarias, pero resultan insuficientes si el electorado no desarrolla una cultura de exigencia. Es imperativo que el ciudadano evalúe a los candidatos bajo criterios que trasciendan la simpatía personal, exigiendo planes de gobierno fundamentados con metas medibles y fuentes de financiamiento claramente identificadas.
En términos prácticos, un voto responsable requiere que el candidato presente una declaración pública de bienes e ingresos verificable, un compromiso explícito con mecanismos de transparencia activa y una trayectoria verificable. La ausencia de estos elementos mínimos debe ser motivo de desconfianza inmediata; la solución al oportunismo no pasa únicamente por elegir mejores candidatos, sino por construir sistemas institucionales de control que operen con independencia del ciclo electoral, asegurando que el costo de la corrupción sea superior a sus beneficios esperados.
La CEPAL (2023) ha identificado buenas prácticas de transparencia que han demostrado efectividad, como la implementación de presupuestos participativos y la publicación obligatoria de contratos en portales de datos abiertos. Asimismo, la creación de consejos (comités) de vigilancia con facultades reales de fiscalización y la penalización efectiva de actos ilícitos mediante procesos judiciales ágiles son pasos fundamentales. Aunque la Ley N° 341 de Participación y Control Social de 2013 estableció un marco normativo, su implementación ha sido fragmentaria e inconsistente por la falta de voluntad política.
Reforzar estos mecanismos de control, dotarlos de recursos autónomos y garantizar su independencia respecto de las autoridades es una tarea urgente. La democracia se encuentra en una encrucijada, donde la apatía ciudadana solo fortalece las estructuras de aprovechamiento personal. Solo a través de una vigilancia activa y una reforma de los sistemas de fiscalización, se podrá transformar este “botín político” en una verdadera institución al servicio del desarrollo, devolviendo el sentido ético a la representación popular.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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