El Ministerio de Economía remitirá este mes el PGE Reformulado 2026 a la Asamblea, bajo la presión de cumplir un recorte del 30% en el gasto público. Para expertos como Marcelo Butrón, el documento será la “prueba de fuego” que definirá el futuro de las estatales deficitarias y el ajuste de la planilla estatal.
Luego del anuncio de un recorte del 30% en el gasto público, la mirada técnica se posa sobre el Presupuesto General del Estado (PGE). Según ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en declaraciones a los medios de comunicación, este documento dejará de ser una proyección para convertirse en el examen definitivo sobre el futuro de las empresas públicas y la viabilidad de las metas fiscales.
El Gobierno se comprometió a presentar hasta finales de este mes el PGE-2026 reformulado para que los Diputados y Senadores analicen la factibilidad de la propuesta económica del presidente Rodrigo Paz.
Uno de los primeros anuncios que hizo el Ejecutivo es reducir el gasto público en un 30%. Se espera que esa promesa se cumpla con la reducción de funcionarios y los sueldos que perciben, incluidas las autoridades.
En opinión del economista e investigador, Marcelo Butrón, el anuncio del Presupuesto General del Estado 2026 reformulado, cuya presentación se prevé para en las siguientes semanas, marca un punto de inflexión crítico en la política económica del país. “No estamos ante un ajuste de rutina; la meta de reducir el gasto público en un 30% representa una de las contracciones estatales más severas de la historia reciente, sugiriendo que la administración finalmente ha decidido enfrentar un agotamiento del modelo de gasto que se volvió insostenible”, dijo.
El eje central de esta maniobra –precisó– es el ataque frontal al déficit fiscal, con el objetivo de llevarlo del 10% al 7%. Si bien una reducción de tres puntos porcentuales es una señal de responsabilidad ante los organismos internacionales y los mercados de deuda, el camino elegido para lograrlo –el recorte de la masa salarial y la reducción del aparato burocrático– coloca al Gobierno en una posición de alta vulnerabilidad política.
Para el economista y docente universitario, Leandro Gonzales, la promesa de iniciar el ajuste “por casa”, afectando los sueldos de autoridades y reduciendo el número de funcionarios, busca legitimidad social ante un escenario de austeridad. Sin embargo, desde una perspectiva analítica, surge una interrogante técnica: ¿Estas medidas serán suficientes para alcanzar una meta del 30%?
La viabilidad de este plan –explicó– descansa sobre tres pilares de alta sensibilidad social y política. Primero, la reducción de la planilla estatal implica un choque directo con el aparato burocrático. En términos periodísticos se trata de una reestructuración profunda que pondrá a prueba la gobernabilidad y la capacidad de negociación con el sector público. No es solo un ajuste contable; es el desmantelamiento de una estructura que, durante años, ha servido como motor de empleo y, en ocasiones, de clientelismo.
Indicó que el segundo eje, el cierre de empresas estatales deficitarias, representa el fin de un tabú ideológico. Durante décadas, estas entidades fueron presentadas como símbolos de soberanía; en la actualidad, bajo la lupa del PGE 2026, son identificadas como “agujeros negros” financieros. “La decisión de liquidar activos que no generan rentabilidad sugiere que el pragmatismo se está imponiendo sobre la retórica. Sin embargo, el costo político de admitir el fracaso de estas unidades productivas será una de las narrativas más complejas de gestionar para el oficialismo”, indicó.
Por último, desde una óptica técnica, reducir tres puntos porcentuales del déficit fiscal en un solo ejercicio es una meta ambiciosa. Si bien los mercados internacionales y los organismos multilaterales podrían recibir esta señal como un gesto de responsabilidad necesaria, el riesgo de una contracción económica –debido al retiro del estímulo estatal– es real. La pregunta que queda en el aire es si la economía privada tiene la robustez suficiente para absorber el vacío que dejará el Estado.
Estamos ante un “presupuesto de guerra” contra el déficit. La ventana de tiempo para su presentación será un periodo de intensa presión legislativa y social. Si el Gobierno logra ejecutar este recorte sin fracturar la paz social, habrá sentado las bases para una estabilización macroeconómica; de lo contrario, el PGE 2026 podría ser el detonante de una crisis de representación y un aumento de la conflictividad en las calles.