Tras conocerse sobre el secuestro y las agresiones físicas sufridas por un periodista en la ciudad de El Alto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expresó su profunda preocupación y enérgica condena, por lo que consideró un “grave atentado” contra la vida y el trabajo de todo el gremio periodístico.
“Este hecho se constituye en una terrible agresión contra el trabajo de quienes conforman el gremio periodístico, y representa una amenaza directa contra la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales del sistema democrático”, señala un comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno.
Ante el repudiable acto de violencia suscitado en los últimos días, la autoridad reafirmó el compromiso del Gobierno para garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico, por lo que se ha instruido a las instancias competentes coadyuvar con las investigaciones de este caso hasta lograr identificar a los responsables.
“No permitiremos que este atroz suceso quede en la impunidad”, dijo.
Asimismo, manifestó su solidaridad con el periodista afectado, su familia y con todas las agrupaciones de la prensa del país.
“Reconocemos el gran valor del periodismo boliviano y reiteramos que cualquier acto orientado a intimidar o silenciar a periodistas resulta inaceptable y contrario a los principios del Estado de derecho. Proteger a la prensa es proteger la democracia misma”, finaliza el comunicado.
Desde la Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado también se expresó “profunda preocupación” y un enérgico repudio ante un suceso lamentable que debe llamar la atención debido a la violencia con que se actuó en contra de un trabajador de la prensa.
“Manifestamos nuestra solidaridad con el trabajo periodístico y con el colega que fue víctima de esta agresión, reiterando nuestro respeto y reconocimiento a la labor fundamental que cumple la prensa en la sociedad”, refleja una nota emitida por el Ministerio de la Presidencia, en la que además se informa sobre el inicio de una rigurosa investigación por parte de las autoridades competentes, todo con el objetivo de identificar y sancionar a los autores de la grave agresión a un periodista.
“El Gobierno ratifica su firme compromiso de garantizar condiciones de seguridad para el gremio periodístico y para toda la ciudadanía en general. A medida que avancen las investigaciones, se dará a conocer oportunamente la información correspondiente sobre los pormenores de este caso”, se señaló.
La semana pasada, gremios de la prensa denunciaron un supuesto intento de asesinato contra un periodista en la ciudad de El Alto, se especula que el ataque fue ejecutado y dirigido con la finalidad de silenciar su labor informativa del afectado.
“Denunciamos el intento de asesinato del periodista F. J. Z. S., ocurrido la madrugada del jueves 12 de febrero, alrededor de la 1:00 a.m., en la ciudad de El Alto”, indica un comunicado conjunto emitido por varios gremios de la prensa.
Según la denuncia, desconocidos redujeron a la víctima por la fuerza, lo introdujeron en un vehículo y lo trasladaron cerca de 15 kilómetros hasta un terreno baldío en la zona de Kiswaras. Durante la agresión, los atacantes habrían amenazado de muerte al periodista y le exigieron dejar de hablar.
“Fue reducido violentamente, introducido por la fuerza a un vehículo y trasladado aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldío en la zona de Kiswaras. Durante el ataque, sus agresores le profirieron amenazas explicitas: ‘Ahora si, te vas a morir… ahora vas a hablar, vamos a ver si puedes’, evidenciando que sabían que era periodista y que el ataque estuvo dirigido a silenciar su voz”, se resalta.
Los agresores lo asfixiaron y le provocaron cortes en la lengua con un objeto punzocortante. “Los agresores lo acogotaron y le cortaron la lengua con un arma cortopunzante. El médico que lo atendió determinó que no se trataba de lesiones accidentales, sino de cortes finos provocados intencionalmente. El periodista fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Corea y dado de alta el viernes. El sábado formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y se sometió a una valoración en el Instituto de Investigaciones Forenses. Su testimonio da cuenta de la intención directa de acabar con su vida”.
Ante ello, se exigió una investigación inmediata, independiente y transparente para identificar a los responsables materiales e intelectuales, además de garantías de protección para la víctima y su familia.
