El Gobierno nacional activó este miércoles la “Comisión de la Verdad II” para diseccionar la gestión de YPFB. La instancia pondrá bajo la lupa presuntos sobreprecios en contratos con la multinacional Trafigura y responderá al clamor del transporte pesado por la distribución de combustible de baja calidad que habría dañado motores en todo el país.
El procurador del Estado, Hugo León La Faye, informó que las cartas para acreditar a los miembros de la comisión serán enviadas hoy a las Cámaras de Diputados y Senadores, cumpliendo con los procedimientos legales para su instalación. Según León La Faye, la comisión investigará la compra de combustible y las causas que provocaron la contaminación en algunas estaciones de servicio.
El presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, aseguró que no existe ningún sobreprecio en la adquisición de petróleo crudo. Según Flores, todos los contratos se realizan de manera responsable, transparente y legal.
“Nos están mintiendo descaradamente. YPFB no compra con sobreprecio y no lo vamos a permitir. Llegaremos hasta las últimas consecuencias en todas las instancias legales”, declaró en rueda de prensa.
El caso del combustible defectuoso salió a la luz a principios de febrero, cuando choferes de diferentes regiones del país denunciaron la baja calidad del producto y los daños ocasionados a sus vehículos. Las protestas se concentraron frente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en La Paz, donde dirigentes sindicales exigieron compensaciones por los daños materiales.
En medio de esta situación, la directora ejecutiva de la ANH, Margot Ayala, presentó su renuncia. “Hoy he decidido renunciar a mi cargo como directora ejecutiva de la ANH. Lo hago sin resentimientos y con la tranquilidad de haber cumplido con mi deber”, señaló Ayala, visiblemente afectada.
La comisión, integrada por representantes de las cámaras legislativas, tendrá la tarea de investigar los contratos de YPFB y la calidad del combustible distribuido en el país. Se espera que los hallazgos sean públicos, con recomendaciones legales y administrativas para prevenir futuros problemas en la industria petrolera y energética boliviana.