Bolivia necesita medidas estructurales y creíbles para combatir la corrupción, no solo discursos, advirtió ayer el analista económico Fernando Romero.
Con un puntaje de 28 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2025 de Transparencia Internacional, el país se ubica como el tercero más corrupto de Sudamérica, solo por detrás de Venezuela y Paraguay, y en el puesto 136 de 182 a nivel mundial.
“Este nivel refleja un problema estructural, no episódico: impunidad en casos de alto nivel, debilidad institucional y captura de espacios públicos sensibles como hidrocarburos, aduanas y empresas estatales”, explicó.
Este mal endémico actúa como un impuesto oculto que encarece obras públicas, distorsiona contratos y desalienta la inversión privada. Además, incrementa el riesgo país, fomenta el contrabando y reduce la recaudación tributaria, lo que resulta en menor crecimiento económico, menos empleo formal y mayor desconfianza en el sistema.
“En términos simples: la corrupción frena el desarrollo y deteriora la seguridad jurídica”, sentenció el experto. En Bolivia, el problema no muestra mejora estructural; permanece en un piso bajo crónico, con normalización en el sector público, percepción de impunidad en casos de alto nivel y falta de credibilidad en los sistemas de control.
Los sectores más críticos incluyen hidrocarburos y carburantes, aduanas y comercio exterior, empresas públicas, así como el sistema judicial y fiscalías.
“En Bolivia la corrupción es persistente, predecible y tolerada, lo cual es más dañino que una corrupción caótica”, afirma Romero en su análisis.
Económicamente, este problema, reduce la inversión privada al elevar la prima de riesgo, aumenta el costo fiscal de obras y subsidios, distorsiona precios, contratos y competencia, agrava el déficit y la deuda pública, fomenta la informalidad y el contrabando, y debilita la recaudación tributaria.
Los ganadores de este esquema son las redes políticas-empresariales, intermediarios informales, funcionarios corruptos, contrabandistas y redes de lavado, así como empresas protegidas por favoritismo estatal. En cambio, los perdedores son los ciudadanos con peores servicios, las empresas formales, los inversionistas, el Estado con menos recursos, y los jóvenes y trabajadores con menos empleo y oportunidades.
Dado que incluso el actual Gobierno enfrenta acusaciones en áreas como carburantes, importaciones y contratos, la solución debe ser institucional, no discursiva.
Romero detalló acciones inmediatas: blindar la justicia mediante designación meritocrática de jueces y fiscales, y procesar casos de corrupción sin excepción política; transparencia total en sectores sensibles como hidrocarburos, importación de combustibles y empresas públicas, con contratos abiertos y auditables; control del dinero y lavado fortaleciendo la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con cooperación internacional y seguimiento a flujos ilícitos transfronterizos; y protección efectiva a denunciantes y prensa. “Sin esto, el IPC no mejorará nunca. Sin señales creíbles, la inseguridad jurídica seguirá espantando inversiones, incluso con políticas pro-mercado”, sostuvo.
En conclusión, la corrupción en Bolivia no es un problema moral, sino económico, institucional y de desarrollo. Mientras sea rentable y sin castigo, drenará recursos, destruirá confianza y bloqueará el crecimiento.
El CPI 2025 confirma que el país está atrapado en un equilibrio de baja integridad. Entre las recomendaciones prácticas, Romero dijo que urge castigar un caso grande y visible, bien investigado y sin impunidad; implementar transparencia digital obligatoria en compras públicas, contratos, subsidios y empresas estatales en tiempo real; y separar política de negocios públicos con reglas estrictas de conflicto de interés y financiamiento político.
“La evidencia muestra que la corrupción no es un problema aislado ni meramente político, sino un obstáculo estructural para el crecimiento, la inversión y la generación de empleo. Esta situación no es irreversible: mejorar exige decisiones firmes, justicia independiente, transparencia real en sectores estratégicos y sanciones efectivas sin distinción política. Reducir la corrupción no solo mejora la imagen internacional, sino que fortalece la estabilidad interna y crea condiciones para el desarrollo sostenible. En términos pragmáticos, combatir la corrupción no es una consigna, es una estrategia económica de largo plazo”, finalizó el analista.