La justicia es un valor supremo, es un profundo sentimiento humano, tiene un solo rostro.
La administración de justicia es otra cosa, su principal rostro es la función dada a simples mortales llamados jueces para que definan el mal y el bien de acuerdo a una ley creada por entidades políticas.
A pesar de esta abismal diferencia, empleamos la palabra “justicia” por razones de espacio para referirnos a su “administración”.
Las resoluciones judiciales son mercancías que se venden y se compran, el ramo judicial está podrido, es una comisaría del Estado y, de algunas organizaciones lúgubres que, por exceso de confianza, hoy se han mostrado desnudas públicamente.
En una entrevista radial efectuada en Santa Cruz a un abogado cruceño “influyente”, autoproclamado “socialista” y exministro de Añez, le preguntaron cuánto cobraba por atender un juicio penal ordinario, con frescura respondió que por la fase investigativa cobraba 18.000 dólares y por el ingreso al juicio propiamente su tarifa era de 80.000 dólares.
Claro está que en un Estado capitalista puede cobrar lo que quiera, más aún si es “influyente”, pero esta declaración –sobrepasando lo individual– muestra que el que no tiene esos 98 mil dólares está sumido en la indefensión y tendrá que tomar un abogado “corriente”, carente de “influencia” y perderá el juicio por más estudioso que sea el causídico. Este es uno de los rostros de la llamada justicia en Bolivia. ¡Y vaya con el socialismo!
Durante el masismo magistrados del Órgano Judicial pasaban a ser Ministros de Justicia en el Ejecutivo, y de este Ministerio saltaban a la Procuraduría, donde se manejan los suculentos procesos arbitrales internacionales ‘que siempre los pierde Bolivia’ y de esta entidad pasaban a una embajada, como a la OEA y, al mismo tiempo, seguían funcionando sus bufetes particulares: éstos eran los “dueños de la justicia”. La justicia está ‘privatizada’.
Retornando al próximo pasado, antes del reinado del masismo, hubo una táctica de fascinación con singulares personajes (no interesa el sexo) que se jactaban de tener eximia experiencia jurisprudencial al permanecer en la magistratura más de cincuenta años, llamando a su inamovilidad negociada “carrera judicial”, cuando lo que hacían era buscar a los gobernantes de turno, ofreciéndoles sus servicios y a quienes de hinojos les llamaban “padrinos” y así pasaban los gobiernos, pasaban los años y se mantenían fabricando fallos inicuos.
Esta combinación de ejemplos, que no escoge tiempos ni lugares, es suficiente para demostrar el nivel ruin de la administración de justicia en Bolivia, salvo muy contados pasajes de principios de la República, en los que existieron jurisconsultos de alta dignidad que prefirieron la mazmorra de la cárcel antes que servir al poderoso.
El autor es jurista.