A pesar de los sucesivos planes de desarrollo, Bolivia se encuentra atrapada en una “trampa estructural” que le impide superar el 16% de su coeficiente de industrialización desde mediados del siglo XX. Este estancamiento crónico evidencia la dificultad del país para transformar su matriz productiva más allá de la exportación de materias primas.
La industrialización no es solo una etapa, sino el termómetro estructural de una nación. Representa la capacidad de un país para transformar materias primas en valor real, disparar la productividad y sostener el alza de los ingresos. De ahí su vínculo indisoluble con el Producto Interno Bruto (PIB): la industria no solo hace crecer la economía, define de qué está hecha su riqueza.
Datos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) señalan que el sector manufacturero permanece anclado en la producción de bienes de consumo y el procesamiento básico de materias primas. Hasta 2023, el país registraba cerca de 39.000 industrias; sin embargo, este crecimiento numérico no ha venido acompañado de una evolución técnica: la fabricación de bienes intermedios o de capital sigue siendo la gran asignatura pendiente en una matriz productiva con escasa diversificación tecnológica.
Según datos de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Bolivia arrastra un estancamiento industrial crónico. Su coeficiente de industrialización —la participación del sector en el PIB total— se situó en un 16% en 2024, una cifra que apenas ha oscilado en siete décadas. Los registros históricos revelan una estructura productiva casi inamovible pese a los cambios de modelo económico, pasando del 14,5% en la etapa estatista de 1951 al 16,06% del período neoliberal (1982), para finalmente estancarse en un 16,48% durante el actual Estado Plurinacional.
Mientras la CNI apuesta por el salto industrial, al proponer una transición del 16% al 21% de participación industrial para 2030. Esto basado en una Política Ampliada de Industrialización, la estrategia busca consolidar un ecosistema favorable que garantice el desarrollo sostenible del sector a nivel nacional.
En ese sentido, el Gobierno abre una ventana de oportunidad estratégica para el sector privado. En este escenario, la hoja de ruta es clara. Para el Ejecutivo, solo mediante un diálogo público-privado constante se podrá cimentar una arquitectura jurídica y económica renovada.