Bolivia cambia de rumbo en sus finanzas y finaliza el primer mes de 2026 con un superávit de Bs 2.300 millones. En un notable contraste con el saldo negativo de 2025, el país logró revertir el déficit fiscal en apenas doce meses. Según informó el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, el resultado de enero marca una distancia de casi Bs 3.000 millones respecto a las cifras rojas registradas en el mismo periodo del año anterior.
Este superávit es el primer síntoma tangible del ajuste fiscal y las nuevas políticas macroeconómicas. La clave ha residido en la estabilización de los precios de los combustibles, un factor que ha liberado recursos estratégicos para el Estado.
Espinoza calificó el resultado como un hito histórico. En su opinión, el excedente que roza el medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), marca el mejor inicio de año en términos fiscales de las últimas décadas.
Si bien en 2024 se registró un superávit marginal, dicha cifra estuvo distorsionada por el anticipo impositivo exigido a grandes contribuyentes durante la administración previa. Al depurar estos factores extraordinarios, el resultado fiscal de enero de 2026 se consolida como el primer hito genuino de saneamiento en las cuentas públicas.
De mantenerse la tendencia actual, el Ejecutivo anticipa que febrero también cerrará con superávit fiscal. El optimismo oficial apunta a marzo y abril —meses clave por la liquidación estacional de impuestos— como los pilares que consolidarían un primer semestre fiscal con saldo a favor.
En un escenario de volatilidad global, estas proyecciones no son solo cifras; actúan como el ancla de estabilidad para la administración actual. Al validar la hoja de ruta económica, los datos refuerzan la narrativa de un Gobierno comprometido con la disciplina fiscal y el rigor en el gasto público, elementos clave para enviar un mensaje de certidumbre a los mercados y optimizar la eficiencia en la gestión de los recursos del Estado.
El ministro Espinoza atribuyó estos resultados a una estricta política de austeridad, fundamentada en la reducción del gasto público, la optimización de la planilla estatal y la eliminación de erogaciones superfluas. Según el titular de la cartera, este enfoque garantiza una corresponsabilidad en la gestión de los recursos, donde tanto la administración como la ciudadanía contribuyen a la sostenibilidad fiscal.