El peso muerto del Estado (masista)

Una de las medidas indispensables para el mejoramiento de la economía es el recorte del gasto público y el achicamiento del Estado, con ministerios y sus correspondientes viceministerios y direcciones que poco o nada aportan al país. A lo largo de 20 años de populismo autoritario del MAS, el aparato público se ha convertido en una estructura elefantiásica e ineficiente, y en un botín político que asfixia al país. Muchos empleos públicos son como una retribución para miles de personas mediocres que hicieron campaña política o para familiares o amigos de los altos funcionarios, igual que en el Alto Perú.
La actual configuración del Ejecutivo no responde a las necesidades de gestión ciudadana, sino a la urgencia de pagar favores políticos. Durante casi dos décadas, el MAS ha utilizado la administración pública como una agencia de empleo para sus bases, transformando el servicio civil en un feudo de militancia. El resultado es una burocracia hipertrofiada que consume recursos que deberían ser destinados a salud, educación o incentivos a la producción, pero que terminan diluyéndose en salarios.
La eliminación de ministerios superfluos no es solo una medida de austeridad económica, sino un imperativo moral y de reconstrucción democrática. A eso se suma la ineficiencia de muchas empresas estatales deficitarias, que también deben ser cerradas o privatizadas. No se puede pedir austeridad al ciudadano de a pie, al comerciante que lucha con la inflación o al productor que no tiene carburantes, directos afectados de la crisis, mientras el Gobierno mantiene una estructura nutrida de supernumerarios. Fusionar carteras y eliminar dependencias parásitas permitiría liberar un flujo de caja vital para estabilizar las finanzas públicas en este 2026, que nos exige máxima austeridad y ahorro.
No obstante, la reducción del Estado debe ir acompañada de una limpieza administrativa, pues el concepto de «funcionario masista» ha dejado de ser solo una filiación ideológica para convertirse también en sinónimo de mediocridad burocrática. Mantener a estos miles de mediocres funcionarios es garantizar la continuidad de la corrupción estructural en la que se halla el Estado, ya que son estos mismos burócratas quienes, en muchos casos, actúan como muros de contención contra cualquier intento de gobierno abierto y transparencia.
Sin un recorte y una despolitización inmediata de las oficinas públicas, cualquier reforma económica será insuficiente. Rodrigo Paz debe tomar la medida. El “Estado tranca” es también el parasitismo de todos esos empleados que cobran elevados salarios a cambio de muy poca cosa. Pero el Estado no es propiedad privada del partido de turno, sino una herramienta de servicio que hoy, lamentablemente, sirve para perpetuar el privilegio de unos pocos a costa del sacrificio de todos. La cirugía sería dolorosa para todos esos supernumerarios, pero los contribuyentes no pueden seguirlos sosteniendo, y menos en esta crisis. No es justo que el parasitismo siga enquistado en las oficinas públicas cobrando salarios a costa de todos los bolivianos.