En muchas democracias, la renta vitalicia para expresidentes nació como una forma de asegurar una vejez digna a quien ejerció la máxima responsabilidad del Estado. En teoría, es un gesto de respeto institucional. En la práctica, sin embargo, ese beneficio ha terminado convirtiéndose en una burla para la ciudadanía: un premio automático que no distingue entre el estadista y el saqueador, entre quien sirvió al país y quien se sirvió de él.
El debate sobre la renta vitalicia no es solo una discusión presupuestaria. Es, sobre todo, un tema de ética pública y de justicia social. En Bolivia donde el salario mínimo apenas alcanza a Bs 3.300 y donde miles de jubilados sobreviven con pensiones insuficientes, resulta inevitable preguntarse si es razonable mantener un beneficio económico de por vida para quienes ya gozaron del poder, privilegios y altos ingresos.
Es hora de desmontar la idea de que pasar por el Palacio de Gobierno otorga, por sí solo, un derecho permanente sobre el dinero del Estado. La pensión presidencial no puede seguir funcionando como un trámite automático. Debe ser un reconocimiento excepcional, ligado al mérito, a la conducta y a los resultados de una gestión.
Una renta vitalicia solo tendría sentido si premia un aporte real al desarrollo del país. Si un gobernante deja un Estado más endeudado, instituciones debilitadas y una población sin mejoras tangibles en su calidad de vida, la pregunta es inevitable: ¿qué se está premiando? El estipendio mensual no debería ser el retiro dorado de quien simplemente ocupó el cargo, sino el reflejo de un legado positivo y comprobable.
Más grave aún es que mandatarios cuyos gobiernos estuvieron marcados por hechos de corrupción, o que toleraron la penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado, continúen viviendo del aporte de los mismos ciudadanos a los que defraudaron.
Eso no es dignidad institucional; es una ofensa moral.
Por eso, no se puede seguir pidiendo renta vitalicia así por así. Si se quiere recuperar la confianza en las instituciones y proteger el futuro del país, es urgente legislar para crear una Comisión de Evaluación Ciudadana y Ética, independiente del poder político, que realice una auditoría integral del desempeño presidencial una vez concluido el mandato.
Ningún beneficio debería activarse de manera automática. La renta vitalicia solo tendría que otorgarse a quienes mantengan una trayectoria intachable. Gobernar es un servicio, no una licencia para asaltar el erario.
La política no puede seguir siendo el refugio de quienes buscan asegurarse el futuro mientras el pueblo apenas sobrevive. Si un gobernante aspira al honor de una renta vitalicia, que la gane con honestidad, resultados y decencia. El dinero de los contribuyentes es sagrado. No está para financiar jubilaciones de lujo de quienes, en lugar de servir al país, lo utilizaron para su propio beneficio. La impunidad no debería tener pensión de retiro.
El autor es periodista – comunicador social.